Economía.- El PSOE exige al Gobierno que aplique la norma europea para luchar contra el fraude laboral transfronterizo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El PSOE exige al Gobierno que trasponga a la normativa española la directiva comunitaria para Mejorar el desplazamiento de trabajadores, en aras a luchar contra el fraude laboral transfronterizo y la competencia desleal, sobre todo en el sector del transporte por carreteras, en el que se está constatando un aumento de las deslocalizaciones a países con menores exigencias laborales.

Según los socialistas, la desigualdad en las condiciones de trabajo de los diferentes estados miembros puede conducir a "indeseables situaciones de discriminación" de trabajadores desplazados temporalmente y, por ende, a competencia desleal entre empresas que funcionan en el mercado europeo.

Por eso, la normativa comunitaria obliga a los empresarios que desplacen temporalmente a trabajadores a respetar las disposiciones de protección mínima vigentes en el estado receptor "con independencia de la legislación aplicable al contrato de trabajo".

Sin embargo, dadas las "importantes deficiencias" que se detectaron en la normativa aprobada en un primer momento para regular esta materia, Bruselas aprobó en mayo de 2014 una segunda directiva que aún no ha sido transpuesta a la legislación española.

EMPRESAS DESLOCALIZADAS

Para el PSOE, incorporar estas nuevas previsiones legales al ordenamiento jurídico español "contribuiría a combatir" uno de los problemas de competencia desleal con "mayor auge" en los últimos años, que se vincula a la deslocalización de empresas de transporte a países con menores costes laborales y fiscales pese a no tener presencia real en ellos.

Esto genera una competencia desleal a otras compañías del sector que compiten en el mercado interior, ya que propicia que la sede social de la empresa se traslade a un país con condiciones más ventajosas sin que "ni los conductores ni los vehículos tengan que dirigirse al nuevo país de establecimiento", en una suerte de "empresas ficticias" constituidas con fines fiscales y laborales fraudulentos.

"A falta de una regulación específica para la especificidad de las empresas de transporte transfronterizas, que prestan servicio de forma continuada en diferentes estados miembros por lo que es de difícil aplicación la normativa de prestación de servicios transnacional existente, sí resulta urgente la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la directiva" de mayo de 2014, que debe tener lugar como máximo en 2016, según recuerda el PSOE.

CONTROLES Y SANCIONES

Y es que esa regulación europea contiene elementos que "ayudarían a impedir y combatir los abusos" en el sector del transporte por carretera al permitir que el estado miembro de acogida evalúe de forma global la actividad de las empresas de terceros países, verificando entre otras cosas si se trata de una actividad sustantiva y si el desplazamiento del trabajador es temporal realmente.

Además, la directiva incluye mecanismos de asistencia mutua y cooperación estrecha entre países, algo "fundamental" para la ejecución transfronteriza de las sanciones y multas administrativas.

Por eso, los socialistas piden al Ejecutivo que incorpore "urgentemente" a la legislación española la directiva comunitaria para "aumentar la eficiencia en la lucha contra el fraude laboral transfronterizo y la competencia desleal entre las empresas, fundamentalmente en el ámbito de la actividad transnacional desarrollada por las empresas de transporte transfronterizas".

Esta solicitud se recoge en una proposición no de ley que el PSOE ha presentado en el Congreso pero que no podrá ser debatida ante la inminencia de la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales de diciembre.

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