La patronal CEOE insta al nuevo gobierno que salga de las urnas tras los comicios del 20 de diciembre a reformar el marco legal de la previsión social complementaria, facilitando incentivos fiscales y mayor transparente y disponibilidad.
En el documento enviado a todos los partidos políticos bajo el epígrafe de 15 Reformas para Consolidar la Recuperación, la organización empresarial que preside Juan Rosell, expone que la previsión social complementaria "puede ser un elemento positivo de cara a la sostenibilidad de los Sistemas Públicos de Pensiones, debiendo incentivarse los sistemas privados complementarios a las pensiones públicas, ya sea a través de fondos como de seguros privados".
En coherencia con este requerimiento, se estima conveniente abordar "la transparencia en la información sobre la pensión pública esperada, comunicando a los trabajadores su previsible pensión de jubilación, de conformidad con lo establecido en la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social".
Dentro del apartado que incluye las propuestas empresariales para la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, y además de la habitual demanda de reducción de las cotizaciones, la CEOE reclama también que se suprima la obligación empresarial de pagar la presentación por baja laboral desde el cuarto al décimo quinto día de baja, "pasando íntegramente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)", sin que afecte a las cuentas de explotación de la Mutuas que tengan formalizada la gestión de la prestación".
En esta línea piden también que permite a las Mutuas emitir el alta médica en los procesos de contingencias comunes, "sin perjuicio de establecer mecanismos de revisión a disposición de los trabajadores", tal como sucede en las altas en contingencias profesionales.
Reclama igualmente la patronal el establecimiento de un procedimiento sancionador por la utilización fraudulenta de la situación de ITCC (incapacidad transitoria por contingencia común), "similar al existente en la utilización fraudulenta de la prestación por desempleo" ya que, en la actualidad, estos supuestos únicamente se ven afectados por la extinción de la prestación económica".
Insiste en su documento la CEOE en la necesidad de afianzar la naturaleza jurídica de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, asegurando su carácter privado como asociaciones de empresarios y su autonomía de gestión, "limitándose las competencias de la Administración al ámbito del control y tutela" sobre estas instituciones.
