La Comisión Europea ha informado este lunes de que da por buenos los cambios anunciados por el Gobierno en el tratamiento fiscal de los Activos Fiscales Diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) en el Impuesto sobre Sociedades, por lo que da por cerrada la investigación que había iniciado para determinar si suponían ayudas públicas ilegales. La banca deberá tributar por 419 millones de euros para poder computar como capital 28.000 millones de DTA.
"La Comisión considera que los cambios propuestos, si se aplican en consecuencia, tienen en cuenta las preocupaciones de manera satisfactoria y permite a la Comisión concluir su evaluación sobre las medidas españolas sobre DTA, bajo las normas de Ayuda de Estado", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz de Competencia, Ricardo Cardoso.
El Ministerio de Economía y Competitividad español ha anunciado este lunes que el Gobierno incluirá una enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016 para modificar el tratamiento fiscal de los Activos Fiscales Diferidos (DTA por sus siglas en inglés) en el Impuesto sobre Sociedades.
La propuesta de modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades consistirá en que los DTA generados antes del 1 de enero de 2016, que estuvieran cubiertos por la garantía recogida en el RDL 14/2013 la mantendrán en el futuro.
No obstante, si los beneficiarios de la garantía hubieran pagado menos impuestos entre los años 2008 y 2015 que el valor de esos DTA garantizados, deberán abonar una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5% de la diferencia entre ambos importes.
A partir del ejercicio 2016 sólo se garantizarán aquellos DTA que cumplan los mismos requisitos que en la norma de 2013, pero con un límite que depende del Impuesto sobre Sociedades pagado, de tal forma que no se podrán generar DTA garantizables cuando no se produzca pago por el citado Impuesto.
El Ejecutivo comunitario ha recibido con "satisfacción" la enmienda tramitada por el Gobierno y ha explicado que es el fruto de un "estrecho y constructivo intercambio" mantenido en los últimos meses entre Bruselas y Madrid sobre un asunto "complejo", según fuentes comunitarias.
En su análisis inicial, Bruselas consideró que las garantías que ofrecía el sistema español suponía una "compensación razonable" para los bancos por los pagos en exceso de impuestos, pero detectó una "consecuencia no intencionada" por la que se crea DTA que se beneficiaban de una garantía del Estado que no podía ser justificada por un pago en exceso de impuestos. "Algunas de ellas -añaden las fuentes- fueron concedidas en años en los que los bancos no pagaron impuestos en absoluto".
La banca deberá tributar por 419 millones
La banca española tendrá que tributar por 419 millones de euros para poder computar como capital de máxima calidad activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) por valor de 28.000 millones de euros, un pago que deberá realizarse a partir de 2016 y que será voluntario para las entidades, según fuentes oficiales.
Los activos fiscales diferidos consisten en apuntar como un activo en el balance del banco los ahorros en impuestos por tener pérdidas, aunque este ahorro sólo puede materializarse cuando la entidad vuelve beneficios. La normativa europea e internacional establece que ya no puede considerarse capital de máxima calidad y que debe dejar de contabilizarse progresivamente de aquí a 2019.
Con el nuevo cambio que pretende establecer el Gobierno se distinguirá entre dos tipos de DTA monetizables: aquellos que se generaron con bases imponibles positivas y los que se generaron con bases imponibles negativas.
Estos últimos irán desapareciendo en el futuro y dejarán de ser monetizables, según han informado fuentes oficiales, que han insistido en que solo serán monetizables los generados con bases imponibles positivas.
Con datos de 2014, el volumen de DTA de la banca ascendía a 40.000 millones de euros monetizables, de los que 12.000 se generaron con base imponible positiva y el resto, unos 28.000 millones, con base negativa. Sobre estos últimos, la banca tendrá que pagar una garantía de 150 puntos básicos de capital, o, lo que es lo mismo, abonar una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5%, una cuantía que, en esta caso, sería equivalente a 419 millones, si quieren que computen como capital de la máxima calidad.
Esta tasa deberá comenzar a pagarse, de manera voluntaria, a partir de 2016. "Es un pago anual en virtud del volumen de DTA monetizables que tenga cada entidad. A media que vayan cayendo, el importe de la garantía se reducirá", han apuntado fuentes oficiales. La nueva normativa establecerá, además, que los DTA que se generen a partir de 2016 no serán monetizables.
Positivo para la banca
Las mismas fuentes han afirmado que el sector financiero ya conoce las consecuencias de la nueva normativa. "Considera que esto es positivo, porque se elimina cualquier tipo de incertidumbre. Además, el pago es voluntario", añaden, al tiempo que precisan que todos los bancos tienen capital y pueden pagar esta tasa, independientemente de que realicen emisiones en el mercado.
En este sentido, insisten en que "lo natural" es que la totalidad de las entidades "se apunten" a este esquema. Asimismo, han recordado que es una norma general y que, por lo tanto, afectará a todos los sectores, más allá de la banca.
Tras el anuncio del cambio de la normativa, la Comisión Europea ha informado de que da por buenas las modificaciones, por lo que cierra la investigación que había iniciado para determinar si suponían ayudas públicas ilegales.