Más impuestos y recortes. Es la receta que aplicará Brasil para intentar paliar su déficit y atajar una crisis política y económica que acorrala al Gobierno de Dilma Rousseff. Igual que en mayo de 2010 el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, forzado por la difícil coyuntura, se vio obligado a aprobar un duro plan de ajustes, el gigante de Latinoamérica -cercado por la recesión, la rebaja a bono basura y la crisis política- anunció el martes recortes de gastos y más impuestos por importe de al menos 13.500 millones de euros para cerrar sus cuentas.
En concreto, el Gobierno recortará 6.000 millones de gasto público y prevé recaudar un mínimo de 7.500 millones con más impuestos. Con ello pretende transformar el déficit fiscal primario del 0,5% del PIB previsto para 2016 en un superávit del 0,7% del PIB. Un plan de ajuste que guarda en común con el español el hecho de que es la primera piedra de una serie de reformas que ha de implementar la economía brasileña para combatir la crisis.
La medida llega tras la rebaja del país a bono basura por la agencia de calificación Standard & Poor's, que supuso un duro castigo para el país, que dejó de ser considerado un buen pagador. A ello se une una grave crisis política en que la presidenta se enfrenta a un Congreso hostil y al rechazo de la población ante la corrupción que salpica a la clase política, lo que ha puesto contra las cuerdas a un país que cerrará el año con una recesión de entre el 2 y el 3%, según las previsiones, que auguran ya decrecimiento también para el 2016.
El terremoto político y económico en el país provocó largas reuniones de emergencia que, de momento, se resuelven con este primer ajuste, cuyo anuncio y explicación recayó en la figura del ministro de Hacienda del país, Joaquim Levy. Se trata de uno de los hombres fuertes de Rousseff, que ya se había mostrado partidario del mantra aplicado a los países en dificultades: sufrir los costes de los recortes y ajustes para volver a crecer. De hecho, el propio Levy, de visita hace unos días en España, ponía como ejemplo de ajuste con éxito el caso español y la austeridad llevada a cabo por su homólogo español, Cristóbal Montoro.
El plan ideado por Brasil prevé un recorte de otros 6.000 millones de euros de gasto público, lo que supone aplazar el alza salarial de los funcionarios, reducir el número de ministerios y cargos de confianza y renegociar los contratos de mantenimiento y alquiler de inmuebles del Estado.
Se recupera además un antiguo impuesto, que gravará con una tasa del 0,2% todas las transacciones financieras del país. El equipo de Levy prevé mantener este gravamen durante cuatro años y recaudar con él unos 7.500 millones que se destinarían en exclusiva al pago de la Seguridad Social para cubrir el actual déficit que sufre el sistema de pensiones. La tasa, conocida como CPMF (Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros) ya se aplicó con anterioridad en Brasil (de 1997 a 2007).
Apretarse el cinturón
Con todo, el mayor peso del plan brasileño apretará especialmente el cinturón de los ciudadanos. El recorte del gasto de la maquinaria pública llegará por primera vez a áreas sociales, como un plan de viviendas populares y salud pública. El paquete de ahorro también plantea postergar ocho meses, de enero a agosto de 2016, la subida de los salarios públicos. En ese sentido, el ministro de Planteamiento brasileño, Nelson Barbosa, pidió a los funcionarios "comprensión" ante el "difícil" momento que vive el país.
Para conseguir el objetivo de ahorro, el Ejecutivo brasileño plantea la suspensión de concursos públicos y la revisión de gastos en Sanidad y en subvenciones agrícolas. Además, se suprimirán diez de los 39 ministerios que conforman el Ejecutivo, una medida más bien simbólica, ya que sólo permitirá un ahorro de 200 millones de euros.
En definitiva, un kit de emergencia que para algunos analistas no se quedará ahí. "Lo previsible es que haya más recortes", augura Juan Fernando Robles, profesor del CEF. Ademá, es probable que el plan de austeridad agrave la crisis a corto plazo, según señala el profesor del IEB Miguel Ángel Bernal. El objetivo del país es evitar que el rating caiga más y se dispare el coste de financiación de sus economías y empresas. Sin embargo, los expertos cuestionan la efectividad de estas medidas y además advierten de que el Banco Central de Brasil no tiene la potencia del Banco Central Europeo, lo que dificulta la aplicación de medidas extraordinarias.
La ejecución de los recortes depende ahora del apoyo del Congreso (excepto la reducción ministerial), un trámite que a pesar del optimismo oficial no será sencillo, ya que el Gobierno tiene pocos apoyos en un Parlamento que además es contrario a nuevas subidas de impuestos. Por ello, en los próximos días representantes del Ejecutivo negociarán con los parlamentarios a fin de conseguir la ayuda necesaria para su plan.