El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado dos Resoluciones por las que limita la capacidad de aval de las comunidades autónomas y los ayuntamientos y diputaciones, con el objetivo, según este departamento, de "evitar una sobreexposición al riesgo financiero". Las primeras no podrán avalar a partir de ahora por encima del 1,5 por ciento de su PIB cada año, y los segundos, contarán con un límite, también anual, del 30 por ciento de sus ingresos corrientes.
Las Resoluciones, que según el gabinete que comanda el ministro Cristóbal Montoro definen el llamado principio de prudencia financiera, vienen a poner orden en el hasta ahora descontrolado sistema de garantías español. Hace unos meses, la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat, publicaba las cantidades avaladas por las AAPP de los diferentes Estados miembros. España aparecía en esa lista como el tercer país europeo que mayor cantidad había avalado, con una cifra equivalente al 18,4 por ciento del PIB. Son algo más de 170.000 millones de euros en total.
Lo cierto es que esos avales, reavales o garantías no contabilizan en el debe como deuda pública, gracias a la propia normativa europea. Pero sí suponen un lastre adicional para las ya de por sí maltrechas finanzas públicas, puesto que son cantidades que el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales pueden llegar a perder en el futuro (lo que sí impactaría de lleno en el déficit y, por tanto, en la consolidación fiscal).
En la UE, solo Austria y Finlandia han avalado una cantidad superior a la española según esas mismas estadísticas. Alemania presenta registros casi idénticos a los de nuestro país.
Nuevos límites
Las Resoluciones, aprobadas por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, imponen también límites a las operaciones individuales de las regiones. En concreto, aquellas que superen los 25 millones de euros o el 0,1 por ciento del PIB regional deberán contar con autorización expresa del Consejo de Ministros.
Los activos afectados son, según Hacienda, "los portadores de los riesgos más significativos para la sostenibilidad de las finanzas": acciones participaciones en el patrimonio neto de las entidades; préstamos concedidos; o adquisición de títulos de deuda. Según Hacienda, la finalidad de la modificación normativa "ha sido avanzar en el principio de sostenibilidad financiera", estableciendo "buenas prácticas" en relación a operaciones que cuando se formalizan no van a afectar a los objetivos de consolidación fiscal "pero suponen un riesgo para el cumplimiento de esos objetivos en el futuro".
Por su parte, las operaciones individuales de las entidades locales no podrán exceder un valor equivalente al 15 por ciento de los ingresos corrientes, a no ser que se cuente con permiso previo y la entidad local en concreto esté cumpliendo las reglas fiscales que impone la Lofca y el periodo medio de pago a proveedores, impuesto también por ley a lo largo de esta legislatura.
