Podemos ha registrado en el Senado una propuesta de veto al proyecto de ley por el que se podrán publicar las sentencias de los condenados por fraude fiscal al considerar que la norma es "insuficiente" ya que "amnistía a quien puede pagar su anonimato" siempre y cuando lo hagan antes de que el fallo sea firme.
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
En una nota de prensa, la senadora podemita Maribel Mora explica que esta normativa, que volverá al Congreso si la Cámara Alta incorpora alguna enmienda, "beneficiará a los condenados por delito fiscal al permitir, previo pago, la ocultación de sus datos", lo que generará "una situación de desigualdad y una nueva amnistía del PP a los grandes defraudadores".
"¿Cómo puede sostenerse que la transparencia no afecte a defraudadores fiscales que tengan dinero suficiente para pagar por la no aplicación de esta norma pese a la trascendencia social de su conducta totalmente insolidaria?", se pregunta Mora, para quien este proyecto "genera desigualdad porque no lucha contra los defraudadores ni está destinada a atajar los grandes fraudes fiscales".
LA SEGURIDAD SOCIAL QUEDA FUERA
Además, Podemos ve "incoherente" que el Gobierno haga discursos de lucha contra el fraude y después deje fuera de esta normativa a quienes defraudan a la Seguridad Social, que sin embargo sí están sujetos a la misma regulación del Código Penal.
Mora también estima que este proyecto tiene un carácter "claramente electoralista" y que busca "dar respuesta a la polémica de la opacidad de la lista de amnistiados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".
"Sin cumplir la demanda social y amnistiando a quienes tienen capacidad de pagar su anonimato, esta medida no es más que maquillaje para tapar un problema mayor: la falta de iniciativa del Gobierno del Partido Popular en la lucha contra el fraude", asegura la senadora.
Por todo ello, ve "del todo inaceptable que un problema de calado, que tiene tal repercusión en el sostenimiento del Estado y la igualdad, sea cerrado en falso con una ley poco eficiente, carente de consenso, y que muestra debilidades fundamentales para cumplir los objetivos que dice proponerse en materia de prevención de fraude, publicidad judicial, transparencia y eficacia".
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