Raimondo Collu ha sido expulsado de Alemania después de cuatro años viviendo en Berlín. A principios de año recibió una carta de la Oficina de Extranjería que le daba tres semanas para abandonar el país, alegando que no tenía más ingresos que las prestaciones sociales alemanas.
Raimondo buscó un abogado, recurrió, envió documentos que demostraban su búsqueda activa de trabajo, lo intentó todo. Pero la administración germana dictaminó que sus argumentos eran insuficientes y el 1 de abril tuvo que volver a Italia. "En realidad, yo ya no quería quedarme en Berlín más tiempo, sobre todo porque la tasa de desempleo en esa ciudad es demasiado alta y estaba empezando a ponerse difícil incluso encontrar trabajos de limpieza" explica desde su domicilio italiano "pero verse obligado a abandonar así un país no es aceptable, especialmente si eres un ciudadano europeo" lamenta.
En diciembre del año pasado Alemania modificó una ley de inmigración llamada "Ley de libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión Europea". A partir de entonces se permite expulsar a los ciudadanos extranjeros que lleven más de 6 meses en el país sin trabajar y cobren prestaciones sociales, aunque pertenezcan a la UE.
La reforma fue impulsada por los dos partidos que gobiernan en coalición (CDU y SPD) y se vendió ante la opinión pública como la respuesta al llamado "turismo social", un término que se utiliza para referirse a los inmigrantes que se benefician de las ayudas públicas que les ofrece el país. Aunque está especialmente destinada a rumanos y búlgaros, cuyo ingreso masivo en el sistema social alemán (la llegada de personas procedentes de estos dos países subió un 414,5 por ciento entre 2012 y 2014, según indica el Gobierno) ha desatado algunas polémicas, la ley afecta a todos los ciudadanos miembros de la UE.
Españoles afectados
El periódico alemán TAZ dio a conocer hace unos días el caso de Marta Álvaro -nombre ficticio-, una mujer de 36 años licenciada en Historia del Arte que gana poco más de mil euros sirviendo cafés en dos cafeterías de Berlín. Hace unos meses recibió la misma carta que Raimondo de parte de la Oficina de Extranjería donde le informaban de que había perdido su derecho a residir en Alemania. "Pero yo nunca he cobrado ayudas sociales" cuenta Marta, quien ha enviado a la administración un certificado de sus cursos de formación y su contrato de trabajo, pero de momento no ha obtenido ninguna respuesta.
"Todavía no sé si me puedo quedar aquí", dice, y le asaltan las dudas. "Mi primer impulso fue la ira. ¿No soy europea? Entonces pensé en volver. Si no me quieren aquí, me voy. Pero ¿qué oportunidades me esperan en España?" A Marta le gusta vivir en Alemania, pero después de recibir la notificación de Extranjería se siente insegura sobre la legalidad de su situación y se pregunta si pueden llegar a deportarla o a meterla en la cárcel.
El abogado Lutz Achenbach explica que para las personas afectadas por la nueva ley la única forma de evitar la expulsión es demostrar que tienen un trabajo o que tienen medios económicos para subsistir en Alemania sin necesidad de pedir ayudas sociales. Porque este es el objetivo fundamental de la reforma, limitar al máximo las prestaciones para los extranjeros.
El mismo Gobierno alemán reconoce que la expulsión del país es muy difícil de llevar a cabo, ya que la medida atañe a decenas de miles de ciudadanos europeos y los controles en las fronteras de la UE son casi inexistentes. A los afectados se les comunica su obligación de abandonar Alemania, pero en general las consecuencias prácticas no suelen ser una expulsión sino la pérdida de los subsidios sociales a los que tenían derecho.
De hecho, los europeos que han sido efectivamente expulsados pueden volver a vivir con toda legalidad en Alemania, aunque con el inconveniente de tener que empezar todo el papeleo desde cero como si llegasen al país por primera vez. El tema ha despertado la preocupación de los españoles que viven en Alemania, unos 130.000 según los datos oficiales.
De esta inquietud nació la plataforma People in Movement (PIM), creada hace poco menos de un año por un grupo de jóvenes de diferentes puntos de España que viven en Berlín y quieren garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos de la UE. "El primer paso fue informarnos bien del contenido de la ley y conseguir el apoyo de varios abogados para poder asesorar a los posibles afectados por esta ley" explica Darío Guijo, uno de los fundadores de la plataforma.
Normativas de este tipo "generan dos clases de ciudadanos en la UE: los que tienen recursos económicos y pueden moverse y los que no los tienen y tienen que quedarse en su país. Es muy difícil saber cuántas personas han recibido la amenaza de expulsión en lo que llevamos de año.
La Oficina de Extranjería alemana ha remitido a este periódico al Ministerio de Interior, donde no ha habido respuesta. La prensa germana se ha hecho eco de algunos casos de ciudadanos de Bulgaria y de Rumanía. El aumento del número de inmigrantes que ha acogido Alemania en los últimos años procedentes del este de Europa fue uno de los principales argumentos para endurecer la ley.
Los inmigrantes aportan a las arcas más ingresos que gastos
Uno de cada cinco personas que viven en Alemania tienen origen inmigrante. El número de extranjeros que viven en el país es mayor que nunca, lo cual ha generado un cierto malestar social y la aparición de grupos xenófobos como PEGIDA.
También desde la política se han oído declaraciones como el famoso "quien defrauda, vuela" de la CSU (el ala bávara del partido de Merkel) en referencia a los supuestos abusos de las ayudas sociales por parte de los inmigrantes. El gobierno alemán ha introducido medidas orientadas a reducir los derechos de los extranjeros para moderar la imagen de Alemania como un país ideal para migrar. Sin embargo, varios estudios recientes demuestran que la inmigración genera beneficios para Alemania.
Los extranjeros pagan más dinero en impuestos y seguridad social de lo que le cuestan al Estado. Un informe del Centro alemán de Investigación Económica Europea idica que, de media, cada inmigrante supone unos beneficios netos de 3.300 euros anuales.
