La Unión Sindical Obrera (USO) ve un interés electoralista en el adelanto de la rebaja de IRPF prevista para 2016 que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, y ha pedido más medidas para devolver el poder adquisitivo perdido a los trabajadores.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
En una nota de prensa, USO dice que recibe el adelanto de la rebaja fiscal "con buenos ojos, pero con muchos peros", porque su adelanto en tiempo y forma responde más bien al interés electoralista del Partido Popular.
Además, asegura que una vez más esta medida se notará especialmente en los trabajadores con altos ingresos y será "casi imperceptible" en la gran mayoría trabajadora, tramo que va desde los 20.200 euros hasta 33.000 euros, para los que el tipo será el mismo que hace exactamente un año. Para el tramo anterior -que va desde 12.450 hasta 17.707 euros- la reducción "será raquítica", del 24,75% al 24% respecto a 2014.
Según USO, las rentas altas serán las más favorecidas, mientras las rentas bajas seguirán sin percibir la "incipiente" recuperación. Porcentualmente, el cambio beneficia a las rentas más altas, con rebajas de 2 a 7 puntos, mientras que para las rentas más bajas es "casi imperceptible".
"Una vez más, el Gobierno pierde la oportunidad de poner en marcha medidas para frenar el empobrecimiento y la desigualdad social de los que más están sufriendo la crisis: desempleados -con o sin prestación-, trabajadores pobres y medios, personas con discapacidad, inmigrantes y jóvenes", ha denunciado el secretario de Comunicación y Formación de USO, Joaquín Pérez.
A su parecer, la reducción de los tipos de IRPF tendrá efectos positivos en el consumo y en la recuperación, pero debía haberse llevado a cabo en otros términos distintos, incidiendo significativamente en las rentas bajas y medias.
En este sentido, USO sigue reclamando una reforma fiscal "más justa y equitativa", en la que el esfuerzo recaiga el esfuerzo sobre todos los ciudadanos por igual, independientemente del territorio donde residan, teniendo en cuenta como única variable la capacidad económica del contribuyente, de modo que quien más capacidad tenga, contribuya más.
Asimismo, insiste en que España precisa de políticas que restituyan la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores durante los años de crisis económica y tras la aplicación de las políticas de recortes públicos y reestructuraciones en empresas.
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