CC.OO. ha denunciado este lunes que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha quedado con 90 millones de euros de los algo más de 180 millones presupuestados para formación de trabajadores ocupados.
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Según explica en un comunicado, el pasado verano se publicaron las convocatorias de subvenciones para la ejecución de planes de formación y para el programa específico de formación dirigido a jóvenes menores de 30 años.
Por primera vez, estas dos convocatorias no preveían un anticipo del 100% de la ayuda, sino que se fraccionaban en tres anticipos: uno en 2014 con la concesión de la ayuda, otro en 2015 coincidiendo con la realización del 50% de la formación y el último del 25% una vez finalizados los cursos, en el año 2016.
CC.OO. asegura que el SEPE no realizó las correcciones presupuestarias necesarias para incorporar a 2015 estos fondos comprometidos en las resoluciones de concesión firmadas por su directora general, Reyes Zataraín del Valle.
De esta forma, el sindicato asegura que el Tesoro Público ha visto aumentadas sus arcas con 90 millones de euros procedentes de las obligaciones contraídas con la formación de los trabajadores y los jóvenes.
Para el secretario de Formación de CC.OO., Javier López, este hecho, sumado a la ausencia todavía de convocatoria de ayudas para la formación de 2015, muestran "el abandono al que se ven sometidos trabajadores y empresas que se enfrentan a serias dificultades para cubrir sus necesidades de formación".
Además, en opinión de CC.OO., la Administración laboral no cumple con la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley que regula el sistema de formación en el ámbito laboral y que indica expresamente la posibilidad de incorporar remanentes de crédito que pudieran producirse al final de cada ejercicio en la reserva de crédito del siguiente, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que corresponda.
En este sentido, los sindicatos han propuesto a los grupos parlamentarios una enmienda en la tramitación parlamentaria del Real Decreto de formación para que los fondos de formación sean realmente finalistas, como dictan las sentencias del Tribunal Constitucional y los informes del Tribunal de Cuentas.
