El último ha sido el caso Aguirre. Pero se trata tan sólo del enésimo capítulo de filtraciones de datos fiscales que ha puesto en tela de juicio la confidencialidad de la información tributaria de los ciudadanos y, por extensión, la reputación de la Agencia Tributaria (AEAT). El dedo acusador apunta en concreto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que afean el uso partidista de la información del organismo público. Esta misma semana, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, la oposición ha tachado al ministro de ser "el chivato de la clase", y la propia Esperanza Aguirre llamó a Montoro el pasado jueves para reclamarle "que haga lo que tenga que hacer" en el caso de la publicación de su información fiscal.
La presidenta del PP madrileño ha acusado abiertamente a la AEAT de la filtración de su renta, y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue quién ha revelado la información. Aguirre, que considera que lo que ha ocurrido es un "delito grave", reprochó a Montoro su silencio. "Ya está tardando" en dar con la persona que filtró la declaración, reclamó. Para la candidata del PP a la Alcaldía de Madrid es un insulto que desde Hacienda se diga que la información viene de ella.
Desde el Ministerio de Montoro la respuesta ha llegado en forma de comunicado, donde lamentan la revelación de esa información y anuncian la apertura de una investigación interna, algo bastante inusual en el organismo, tal y como recuerdan desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda. A pesar del paso adelante de la Agencia, desde Gestha advierten de que normalmente las filtraciones "se producen a nivel de dirección y no suelen dejar rastro".
Mientras, el titular de Hacienda niega cualquier tipo de filtración e insiste en señalar a los propios inspeccionados o a sus asesores fiscales como origen de la información.
La evidencia del causa-efecto
Más allá de especulaciones y cruce de acusaciones, lo que resulta cada vez más evidente es que salen a la luz pública datos e inspecciones que son confidenciales, en muchas ocasiones con intencionalidad política. Y aunque Montoro, salvo excepciones -y no arbitrarias- no dé nombres propios, lo cierto es que cuando el ministro pone el foco en un colectivo, más tarde o más temprano salen a la luz sospechosos de fraude.
Una actitud que ha motivado críticas desde su propio Gobierno, donde no gusta que el ministro presuma públicamente de tener información fiscal de personas críticas con su política. Medios de comunicación, artistas, deportistas o partidos políticos han sido señalados por Montoro por tener deudas pendientes con la AEAT. Una información a la que, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley General Tributaria, sólo pueden acceder los inspectores de Hacienda y la Justicia, y esta última si existe orden judicial.
El goteo de nombres
En 2013, el dedo de Montoro apuntó a los medios de comunicación ante publicaciones desfavorables a su persona. "¿No puedo decir en público que los medios de comunicación tienen una gran deuda con la Agencia Tributaria? Claro que puedo", fue la respuesta del ministro.
Tampoco se han librado los tertulianos, de los que el ministro aseguraba en 2013 que "también pueden tener problemas con la Agencia Tributaria", y apelaba a la "responsabilidad ante la sociedad igual que los políticos" de estos informadores.
En otra ocasión, Montoro acusó a "famosos actores" de no pagar impuestos en España. El toque de atención también ha llegado a deportistas y a partidos políticos, en unas declaraciones que, cuando menos, sugieren una doble vara de medir.
El estallido del caso Rato sacó a la luz que el exvicepresidente del Gobierno era uno de los 715 contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal sospechosos de blanqueo de capitales. Entonces, el titular de Hacienda argumentó que la Ley Tributaria le impedía confirmar la adhesión de Rato a la amnistía. El mismo artículo 95 es el que argumentó del Gobierno para no hacer pública la lista de todos los amnistiados. Sin embargo, la ortodoxia legal fue distinta en el caso Bárcenas, cuando Montoro aseguró en sede parlamentaria que el extesorero del PP no se había acogido a la amnistía fiscal.
El otro nombre propio de la historia de las filtraciones es el exnúmero tres de Podemos, Juan Carlos Monedero. El ministro de Hacienda calificaba como "deplorable" que supuestamente Monedero no hubiera tributado de forma adecuada 425.000 euros en contratos de asesoría con los gobiernos latinoamericanos. Y añadía al político a su lista de advertidos con un mensaje: "El que está inquieto es que le pasa algo".
No son los únicos casos que han hecho saltar las alarmas sobre injerencias de Montoro en la AEAT. Al largo etcétera se suman, entre otros, el informe sobre el supuesto fraude fiscal del PP o los errores con el DNI de Doña Cristina.
