Economía

La Fundación Renovables y la Px1NME denuncian ante la Fiscalía las irregularidades en 'hachazo' a renovables

La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) han determinado presentar una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si ha habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria "ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico" a la hora de fijar los criterios en la orden que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En la denuncia, ambas asociaciones entienden que puede haber existido en el proceso un delito de presunta "prevaricación" y apuntan "como autor, fundamentalmente", al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, "por ser quien ha tenido el dominio del acto".

En un comunicado, las asociaciones señalan que instarán a la Fiscalía Especial contra la Corrupción a que abra una investigación "para esclarecer los hechos".

Asimismo, señalan que el Gobierno, con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa del sector eléctrico, dictaminó que éste se solucionara "a costa del esfuerzo" de los consumidores y los productores de renovables, cogeneración y residuos, que vieron mermada su retribución en 3.000 millones de euros anuales, quedando "al margen de este esfuerzo las grandes empresas eléctricas, cuyas cuentas de resultados no han sufrido menoscabo alguno".

Ambas asociaciones subrayan que Industria encargó dos informes a las consultoras Boston Consulting y Roland Berger para avalar el recorte, aunque el procesó careció "de la más elemental transparencia".

En la denuncia se pormenoriza la cronología del proceso, en la que constan incluso contradicciones entre las declaraciones del ministro en sede parlamentaria y las adjudicaciones de los contratos de consultoría, añaden la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Así, subraya que la contratación de las dos consultoras presenta "numerosas irregularidades", entre ellas, haberse adjudicado "a dedo" atendiendo a la urgencia del proceso, cuando finalmente no se presentó informe alguno hasta varios meses después de publicada la normativa.

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