Al menos 22 de los 50 Estados que integran el país prevén déficit presupuestario
La semana pasada, mientras el Gobierno heleno realizaba el pago adeudado al Fondo Monetario Internacional (FMI) -echando mano del fondo de emergencia en la institución-, Moody´s castigaba a Chicago con una rebaja de su deuda, que ahora es considerada como un bono basura, al igual que otras como Atlantic City. Una decisión que rápidamente desató las comparaciones de la ciudad del viento con urbes como Detroit, que se vieron obligadas a cobijarse bajo la protección del Capítulo 9 de la Ley de Bancarrota estadounidense.
La suspensión de pagos de la que fuera cuna del automóvil culminó en diciembre del año pasado, cuando la urbe comenzó a resurgir de sus cenizas tras un recorte en sus pensiones, un plan para invertir 1.400 millones de dólares (1.230 millones de euros) además de reducir su deuda en 7.000 millones durante la próxima década.
Curiosamente, el Estado de Illinois, que acoge la ciudad de Chicago, cuenta ahora con la calificación de deuda más baja en comparación con el resto de Estados y una brecha en el pago de sus pensiones por valor de 111.000 millones de dólares (97.700 millones de euros). Desde Detroit hasta San Bernardino, Mammoth Lakes o Stockton, son ciudades que durante los últimos años se han visto obligadas a suspender pagos y someterse a una reestructuración, incluyendo quitas a acreedores y pensionistas.
Declaración de quiebra
"La declaración de quiebra de un municipio ofrece cierto espacio para respirar y crear una oportunidad para establecer un plan financiero que sea justo para los acreedores de la municipalidad así como un alivio suficiente para el municipio de tal manera que el presupuesto vuelva a ser sostenible", explica Wayne H. Winegarden, experto del Pacific Research Institute. Sin embargo, mientras los municipios cuentan con la posibilidad de acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Bancarrota estadounidense, los Gobiernos estatales carecen dicha posibilidad.
"Hablar de una quiebra es radical pero considerar que varios estados que afrontan la insolvencia sin un plan de contingencia también lo es", indica Richard Dye, economista de la Universidad de Instituto de Gobierno y Asuntos Públicos de Illinois (IGPA, por sus siglas en inglés). De hecho, pese a la recuperación que vive la economía estadounidense durante los últimos años, los déficits presupuestarios de muchos de sus estados siguen en aumento. Un análisis de la agencia Associated Press muestra que al menos 22 estados, de los 50 que componen el país, proyectan un déficit presupuestario para el próximo año fiscal. Brechas que imitan al escenario vivido durante la última recesión y despiertan cierta ansiedad ante la caída de los ingresos fiscales y recortes en educación, servicios sociales.
"Los ratings de la deuda estatal son mucho más dispares que hace cinco años, con aquellos gobiernos con peor calificación teniendo muchos problemas para lidiar con sus obligaciones, especialmente en pensiones", asegura Robin Prunty, director de servicios de rating de Standard & Poor´s. La caída en los precios del crudo han hecho mella en algunos Estados, como el de Louisiana, cuyo déficit presupuestario se ha disparado hasta los 1.600 millones de dólares (1.300 millones de euros) para el año fiscal que comienza el 1 de julio. Tanto Moody´s como S&P ya han advertido sobre posibles rebajas de calificación. El Estado de Ilinois debe buscar soluciones antes de julio para cerrar una brecha proyectada de más de 6.000 millones de dólares ( 5.300 millones de euros) mientras en Kansas, la sutura de un déficit presupuestario de 800 millones de dólares (704 millones de euros) se ha materializado en decenas de recortes para escuelas y programas sociales.
