Economía

El juzgado de A Coruña acepta la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa

Fernando Martín, presidente de Martinsa-Fadesa. Foto: Archivo

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha declarado en situación de concurso voluntario de acreedores al grupo inmobiliario y ha nombrado a tres administradores concursales, cargos que serán ejercidos por un representante de Bankinter, otro de KPMG y otro del bufete Broseta Abogados. Martinsa-Fadesa se convierte en la primera gran inmobiliaria del país en someterse a la tutela de la Administración por la crisis del sector.

Según el auto del juez, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo inmobiliario conservará las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero éstas quedarán sometidas "a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad".

Así, la entidad bancaria Bankinter (BKT.MC), acreedor de Martinsa-Fadesa (FAD.MC) ejercerá como uno de los administradores concursales, junto con la abogada Antonia Magdaleno Carmona, socia del despacho catalán Broseta Abogados. El tercer administrador, según ha podido saber elEconomista, pertenecerá a la asesoría KPMG.

Los acreedores dispondrán de un mes de plazo -a contar desde el 1 de septiembre- para poner en conocimiento de la administración concursal la existencia de los créditos que les debe la compañía, así como para redactar su informe sobre la situación de Martinsa-Fadesa.

Buen síntoma

Ayer anunció que presentará una propuesta anticipada para pagar a sus acreedores, con lo que podría salir de la situación de suspensión de pagos en aproximadamente un año, según el Tribunal Superior de Justicia gallego. Así, desde la inmobiliaria consideran "un buen síntoma" que el juzgado haya aceptado tan rápido el proceso concursal.

La inmobiliaria anunció su situación la noche del 14 de julio y un día después presentó en dicho juzgado coruñés la petición de concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos). La decisión sobrevino depués de que el Instituto Oficial de Crédito (ICO) rechazase conceder a la compañía un préstamo de 150 millones de euros. La cantidad que adeuda asciende a casi 6.000 millones.

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