El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que la puesta en marcha de la Ley de Dependencia ha creado "interferencias" en algunas políticas para personas con discapacidad y reclama al Estado que realice una "criba" de ayudas o servicios sociales que están "desincentivando" que las personas con discapacidad realicen una vida independiente y "activa".
El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha comparecido este lunes en la Comisión no Permanente de Seguimiento de las Políticas relativas a la discapacidad del Parlamento gallego, donde ha aportado la visión que este colectivo tiene a nivel nacional sobre las medidas en marcha y sus peticiones de cara al futuro.
Activos mejor que pasivos
En su intervención, Pérez Bueno ha asegurado que uno de los ejes que los gobiernos deben seguir para las políticas relacionadas con la discapacidad es el hacerlas "activadoras" y rechazar la "posición de pasividad" que algunas normativas dan a las personas con diversidad funcional, que las hacen "depender de otros" y no tomar sus "propias decisiones".
En este sentido, ha reclamado instrumentos y medidas para "activar" a las personas con discapacidad, algo que pasa por "tener empleo". Sobre esta cuestión, ha recordado que a nivel estatal únicamente el 36% de las personas con discapacidad "están activos".
Por ello, el presidente del CERMI ha considerado esenciales las políticas que promueven la incorporación laboral de las personas con discapacidad, la elección de su modelo de vida -huyendo de iniciativas "asistencialistas"- y la dotación de "independencia" y de la capacidad de elegir un "proyecto de vida".
Aunque no ha restado relevancia a la Ley de Dependencia, ha criticado que esta normativa haya "centrado la atención" del Gobierno de tal modo que se hayan "descuidado el resto de políticas". En concreto, Luis Cayo ha recordado que "sólo una pequeña parte" de los dependientes beneficiados por esta ley "tienen certificado de discapacidad", dado que la mayor parte son personas mayores sin discapacidad pero con situaciones de dependencia motivadas por la edad.
Sin embargo, la relevancia de esta ley a nivel estatal ha llegado al Gobierno a "vaciar muchas políticas sociales" para "atender malamente las políticas de dependencia", "interfiriendo" en otro tipo de actuaciones y programas y causando una "auténtica devastación" en algunos ámbitos.
Sobre los copagos
En este sentido, Luis Cayo se ha referido a las diferencias entre comunidades en cuestiones como el copago dentro de esta ley y ha criticado particularmente los casos en los que un mayor grado de renta lleva a copagos de "hasta el 90%".
"Eso ha perjudicado a las personas con discapacidad más jóvenes, el mensaje que se les está dando es 'no estudies, no trabajes, porque cuanto más ingreses, más vas a tener que pagar por los servicios que recibes'", ha criticado el presidente de Cermi, para quien este tipo de copagos llevan al "quédate en casa, no hagas nada, porque así no tendrás que copagar".
Por eso, para Pérez Bueno, la Ley de Dependencia no ha "acabado con el problema", sino que, en ocasiones, "lo ha podido agravar", evitando que las personas con discapacidad emprendan caminos hacia su propio desarrollo personal.
En la misma línea, el presidente del Cermi ha reclamado al Estado que haga una "criba de servicios sociales" y de ayudas y tasas que "están desincentivando que las personas den un paso hacia el empleo" y "favorecen la inactividad".
Perfil de la discapacidad: mujer y mayor
Entre otras cuestiones, Luis Cayo Pérez ha reclamado que los gobiernos presten atención dentro de las políticas relativas a discapacidad a las cuestiones de género, que crean una "multiexclusión" que "multiplica" los perjuicios.
Según los datos a nivel europeo, el 10% de la población de los países desarrollados padece algún tipo de discapacidad. De esta cifra, el 60% son mujeres y más de la mitad mayores de 65 años, por lo que si se hiciese un "retrato robot de la discapacidad", éste sería el de una mujer mayor.
"Ser mujer y tener una discapacidad condiciona más", ha asegurado el presidente de Cermi, para quien las políticas en este ámbito deberían "estar teñidas, no solo retóricamente, por las cuestiones de género y otros factores de multiexclusión".
Luis Cayo Pérez ha recordado que, cuando a la discapacidad "se le unen otros factores excluyentes", como ser mujer, pertenecer a una minoría étnica o residir en el medio rural, los perjuicios "se multiplican", por lo que hay que tenerlo "muy en cuenta".
Otro de los factores a incluir en estas políticas, ha explicado Pérez Bueno, es el hecho de que cada vez "nacen menos niños con discapacidad" y ésta se adquiere en edad adulta.
Por una escuela inclusiva
"¿Cómo es posible que existan escuelas exclusivas para personas con discapacidad? Pensemos que hubiese escuelas exclusivas para otro tipo de colectivos, escuelas por ejemplo sólo para hijos de inmigrantes", ha indicado Luis Cayo Pérez, para quien esta situación sería una "discriminación" y "llamaría la atención".
Por este motivo, el presidente del Cermi ha apostado firmemente porque las políticas de discapacidad favorezcan la "inclusión en la comunidad" de este colectivo, que "ha de participar necesariamente en la corriente general de la vida en comunidad de la sociedad a la que pertenece".
Para el Cermi "no valen las respuestas que pueden suponer algún tipo de apoyo pero que marginan, segregan o apartan a las personas de esa corriente social", por lo que se oponen de pleno a los "colegios que no son inclusivos" o a las residencias "asistenciales" que no permiten a las personas con discapacidad tener su propio "proyecto de vida".
En el caso concreto de los colegios, Pérez Bueno ha asegurado que la educación separada es "más cara que un sistema inclusivo", dado que "mantener una red paralela" es "más costoso" para el Gobierno.
Luis Cayo Pérez ha reclamado que estas políticas consideren al colectivo como "ciudadanos a titulo completo", no "desde la caridad, benevolencia o cualquier opción que no respete la dignidad intrínseca del discapacitado", si no desde su "empoderamiento" como "agentes de su propia inclusión".
Por eso, ha apostado por basar las actuaciones en los principios de "no discriminación" con respecto al resto de la sociedad y en la "acción positiva", dada la "situación de objetiva desventaja de las personas con discapacidad y sus familias".
Las políticas sobre discapacidad deben ser "coconstruidas, coparticipadas y corresponsables", ya que no puede haberlas "sin la participación del movimiento de la discapacidad".
Otros derechos
En su intervención ante los grupos, Luis Cayo Pérez ha recordado que la exclusión de las personas con discapacidad "no es consecuencia" directa de la crisis, si no que "es sistémica". "La crisis sólo la ha agravado, pero no la ha creado. Los derechos no se cumplían tampoco cuando había euforia económica", ha destacado el presidente.
Del mismo modo, ha hecho hincapié en la necesidad de atender a derechos que van más allá del "contenido prestacional", como por ejemplo el hecho de que en España hay "80.000 personas con discapacidad que no pueden votar". "Hay un problema de fondo sobre la aportación que pueden hacer las personas con discapacidad a la sociedad", ha criticado Pérez Bueno, que ha animado a erradicar esta situación.
