El Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado -que agrupa a los consejeros de Economía de las comunidades y de las ciudades autónomas junto al ministro de Economía- se va a reunir hoy para intentar sentar las bases del nuevo sistema de financiación autonómica.
La reunión tiene lugar pocas horas después de que se haya hecho público que la Administración del Estado, presa en la crisis económica, ha entrado en déficit, y apenas dos días después de que Montilla, en la clausura del Congreso del PSC-PSOE, manifestara ante Rodríguez Zapatero que su amor por Cataluña es muy superior a su fidelidad al partido.
Época de estrecheces
En síntesis, Solbes ha ofrecido a las comunidades autónomas un cesto de impuestos formado por el 50% del IRPF y el IVA así como por el 58% de los impuestos especiales, pero a partir de ahora ya no transferirá las consignaciones especiales para sufragar ciertos servicios deficitarios, como los 1.700 millones de euros que aportaba al año desde 2006 para completar la financiación de la Sanidad. En definitiva, es época de estrecheces, y, como a la vista está, no hay recursos para ningún exceso.
Solbes, que ha garantizado que nadie perderá dinero con respecto a su posición actual, está dispuesto a reconsiderar la distribución del Fondo de Suficiencia para tomar en cuenta las variaciones demográficas habidas desde 1999, base de la financiación actual, en especial a causa de la inmigración. Pero ya se han producido divergencias: las siete comunidades que menos han crecido, pertenecientes a varias tonalidades políticas, han hecho lobby para que la población represente como máximo el 80% de dicho fondo, que habrá de tener en cuenta otros factores: dispersión geográfica, densidad, envejecimiento de la sociedad, etc. Lógicamente, las comunidades con más inmigración pretenden que la población sea el parámetro decisivo.
Las pretensiones de las más ricas
Naturalmente, después de conocerse las balanzas fiscales, las comunidades más ricas pretenden -Cataluña, de manera explícita; la demás, de forma más discreta- que se reduzca el grado de solidaridad, es decir, su déficit fiscal. Para ello, proponen que el Fondo de Suficiencia garantice cantidades idénticas a todos apenas en sanidad, educación y ciertos servicios sociales. Solbes quiere incluir además la Justicia y otras prestaciones. Y, por supuesto, Cataluña pretende que se cumpla la promesa, incluida en el Estatuto, de recibir mayores inversiones durante varios años para compensar déficit anteriores.
Visiblemente, la intención de Solbes es fácil de entender: tratará de satisfacer en la medida de lo posible a Cataluña -que encabeza las reivindicaciones, es una región clave para el PSOE y tiene, además, cierta razón al lamentarse de antiguas postergaciones- y una vez conseguido este objetivo, generalizar las concesiones, es decir, utilizar el procedimiento del café para todos. A fin de cuentas, siempre ha sido así: la revisión de la financiación autonómica que hizo Aznar después del Pacto de Majestic no fue otra cosa: las exigencias catalanas se trasladaron al resto de las autonomías por simples razones de equidad.
Es evidente que estas negociaciones son mucho más fáciles de llevar a cabo con las arcas llenas que con los bolsillos vacíos. Solbes no tiene en esta ocasión chistera para sacar ensalmos que complazcan a sus interlocutores. Y tampoco tendría sentido que las comunidades exigieran precisamente ahora lo que el Gobierno no puede comprometer. Con toda probabilidad, y aunque según el Estatuto de Cataluña el nuevo sistema de financiación debería quedar ultimado en agosto, tras la reunión de hoy el debate se aplazará hasta septiembre. Quizá entonces los negociadores ya tengan, con los rigores de la crisis, la cabeza suficientemente fría.
