Acabo de ver, en el colegio de mis hijas, un emotivo vídeo que invita a la reflexión. Una persona realiza una buena acción en su vida cotidiana; otra la observa y hace lo propio; y viene después una especie de cadena de favores. Busco en mi memoria y recuerdo mi infancia y las sucias calles de mi ciudad. Ahora no se ve ni un papel. Realmente, los ejemplos cívicos existen. ¿Podemos extrapolarlos al ámbito fiscal, aun con las lógicas diferencias?
Viene esto a cuento de las amnistías fiscales. Nuestra Asociación las rechaza por considerarlas un mal ejemplo, un daño difícil de reparar en la conciencia fiscal del ciudadano. En España se han hecho cuatro en 35 años, tres en período democrático. Todas han buscado aflorar rentas ocultas y financiar graves episodios de déficit, acompañándose de medidas desincentivadoras del fraude, como nuevas la colaboración bancaria (1985), un moderno IRPF (1991), o una Ley contra el fraude (2012). La Ley 14/1985, en un contexto de control fiscal aún débil, y a las puertas de la incorporación a la CEE, supuso aflorar rentas sin pagar impuestos, suscribiendo deuda pública opaca. Estos Pagarés del Tesoro se convirtieron en refugio de dinero negro.
La de la Ley 18/1991 permitió a los titulares de esos Pagarés canjearlos por Deuda Pública Especial al 2 por ciento (el tipo legal era del 10 por ciento), opaca, amortizable a 6 años (ganando prescripción) y sin tributación. También facilitó el pago de cuotas no declaradas, sin intereses ni sanciones. Fue insuficiente. En 1992 se incrementaron los tipos de IRPF e IVA.
La más reciente se aprobó por RDL 12/2012 y supuso el pago de una cuota mínima -de media el 3 por ciento- sobre las rentas afloradas, sin intereses ni sanciones. La recaudación fue la mitad de lo esperado y el afloramiento de rentas, en porcentaje sobre PIB, similar a 1991. En este caso -esta Asociación insistió en ello- no hay opacidad y los datos no presentan especialidades respecto de los demás utilizados por la AEAT en el ejercicio de sus funciones, por lo que tienen carácter reservado, salvo en los casos regulados en el artículo 95 LGT. Debe aclararse la polémica sobre peticiones de publicidad de esos datos; el apartado 1.e) de esa norma contempla la colaboración con comisiones parlamentarias, pero en un marco legal -RDL 5/1994-, que sólo permite ceder datos de quienes desempeñasen altos cargos públicos.
Sospechosos habituales
En el exterior, el documento de la OCDE, Offshore Voluntary Disclosure. Comparative Analysis, guidance and policy advice (2010) recoge, junto a una interesante comparación de normativas fiscales -lectura recomendable para candidatos que propugnan propuestas fiscales-, los casos más recientes. No hay países del norte de Europa pero, junto a Holanda, USA o Reino Unido, países que buscarán objetivos concretos con estas medidas, están los sospechosos habituales del Sur de Europa.
Estos países recurren a ellas en épocas de crisis presupuestaria para aflorar rentas y conseguir ingresos, junto a medidas de endurecimiento del sistema fiscal. Los resultados recaudatorios y la posterior evolución muestran su fracaso. En el caso español, la memoria colectiva registra que cada 9 años toca una amnistía y que, con cada una, se transmite la impotencia de la Administración para controlar ciertas rentas y una creciente sensación de injusticia. Ello deriva en una masiva desafección de ciudadanos y empresas, tentados al fraude en millones de actos y transacciones cotidianas.
Su impacto económico, menospreciado, puede ser elevado en el medio plazo. Como dato orientativo, la recaudación tributaria líquida respecto al PIB fue en 1986 del 15,31 por ciento, del 17,86 en 1991, y del 15,04 en 2011. Esa pérdida de 2,8 por ciento supondría 32.000 millones de euros. Ello demuestra que, pese a las reformas fiscales y a una moderna -y pequeña- Agencia Tributaria, si la conciencia fiscal se resiente, la legislación y el control son insuficientes, pues el sistema descansa en el cumplimiento voluntario; la recaudación directa por actos de control suele rondar sólo el 5,5 por ciento del total de ingresos tributarios (rondando el 1 por ciento del PIB).
Volvamos al vídeo. La concienciación social necesita de ejemplos, y no sólo huyendo de amnistías o percibiendo el control de la AEAT. Nuestra conducta fiscal es inseparable de nuestra percepción sobre la gestión de los fondos públicos, los servicios recibidos y las conductas de quienes dirigen los destinos del Estado y la Administración. Hacer de todo ello un ejemplo a seguir sería? la repera patatera.
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