La nueva financiación local puede aumentar la contribución urbana a las casas de uso residencial. Los ayuntamientos quieren una mayor cesión de impuestos de las comunidades autónomas.
Tener una segunda vivienda va a costar algo más de lo que cuesta la inversión y el mantenimiento. El Gobierno estudia una reforma de la financiación de los ayuntamientos y las corporaciones locales que plantea un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), popularmente conocido como contribución urbana, para este tipo de propiedades.
Las viviendas habituales no variarán el tributo ni se prevé que vayan a pagar más quienes más renta tengan. Se tributa como hasta ahora, con un coeficiente sobre el valor catastral del inmueble. Pero en la casa del pueblo, el apartamento de la playa o el chalé de la sierra, esa tarifa se verá incrementada para darle al tributo un carácter más progresivo y ofrecer a los ayuntamientos un mayor volumen de ingresos para financiar los servicios adicionales que este tipo de vivienda residencial necesita.
El dato no es poca cosa si tenemos en cuenta que en España, destino turístico por excelencia, junto a las 15,8 millones de pisos de primera ocupación que existen, hay otros 7,32 millones de segundas viviendas, de las que se pueden obtener unos ingresos jugosos para pagar servicios públicos.
Con la última liquidación cerrada, del ejercicio de 2003, el IBI suponía el 16,4 por ciento del total de los ingresos de las administraciones locales en España, proporción que se eleva a más del 30 por ciento si se cuentan sólo los ingresos impositivos.
Tributos progresivos
Aunque no fuera el tema principal, la reforma de la financiación local planeó ayer sobre la reunión que mantuvieron el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, y el presidente de los municipios y provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, para analizar los próximos Presupuestos y la futura reforma de la financiación local.
Ni en el Ministerio de Economía ni en la FEMP cuentan con que se vaya a cerrar un nuevo reparto de ingresos a nivel local antes de que se celebren las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, pero sí se tiene la convicción de que a los comicios hay que llegar con el planteamiento básico hecho.
Junto a la reforma del IBI, se prevé hacer progresivos (con diferentes tipos de gravamen) otros tributos, como el que grava la construcción, las actividades económicas (IAE), la matriculación de vehículos u otras tasas y tributos medioambientales.
Los ayuntamientos quieren también que se les compense por las competencias impropias que asumen y que correspondería dar a otras administraciones. Ellos calculan que es un montante de 6.000 millones de euros, pero eso algo que el Ministerio está contrastando en la actualidad. Todo pasaría por que las autonomías cedieran más dinero de sus tributos a los ayuntamientos, pero eso no parece que vaya a ser fácil de consensuar.
