MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Gobierno asegura que la "independencia" de los funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) está "suficientemente garantizada" con la normativa reguladora de este cuerpo, y niega que se haya producido "ningún tipo de injerencia" en su trabajo durante los últimos años.
Así lo señala en respuesta por escrito a los diputados Pedro Saura, portavoz de Hacienda del PSOE, Alvaro Anchuelo, portavoz económico de UPyD, y Olaia Fernández Davila, portavoz parlamentaria del Bloque Nacionalista Galego (BNG), quienes preguntaron al Ejecutivo diferentes cuestiones relacionadas con los ceses y dimisiones de altos cargos de la AEAT ocurridos desde 2013.
El Ejecutivo ha enviado la misma respuesta a los tres parlamentarios, asegurándoles que "la independencia en la actuación de la Agencia Tributaria está garantizada" por la "profesionalidad" de sus trabajadores, por su pertenencia a la función pública y por la existencia de "procedimientos reglados y planes de objetivos preestablecidos, cuyos resultados son públicamente presentados".
"No existe ningún tipo de injerencia en la gestión profesional y técnica de la Agencia Tributaria. Por tanto, su independencia está suficientemente garantizada en la normativa vigente", insiste el texto del Gobierno, que recoge Europa Press.
PETICIONES DE RELEVO.
A renglón seguido, se recuerda que las "peticiones de relevo" en los puestos de libre designación de la Agencia están reguladas, y que las causas que pueden llevar a los ceses son "diversas", incluyendo "razones personales de distinta índole o promoción profesional a puestos de mayor responsabilidad".
Sin embargo, el Gobierno no aclara, como le pedían los diputados de la oposición, ni cuándo aprobará el prometido Estatuto de la Agencia Tributaria, al que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió en diciembre de 2013, ni las razones concretas de las destituciones de algunos altos cargos de la Unidad de Grandes Contribuyentes de la AEAT.
De hecho, Pedro Saura planteó una batería de cuestiones para conocer los detalles de la dimisión del jefe de la Oficina Técnica de Control de dicha delegación: fecha, razones, "discrepancias" de ese departamento con la Dirección de la Agencia, expedientes y empresas afectadas o vinculación de la medida con algún expediente concreto.
Además, el socialista preguntaba por el número total de dimisiones ocurrido en la Unidad de Grandes Contribuyentes y la razón de la alta incidencia de renuncias en dicha oficina. "¿Podría asegurar que no se ha producido en la AEAT ninguna injerencia del Gobierno, o de los actuales responsables de la Agencia, en la resolución de expedientes, en especial en los que afectan a grandes contribuyentes?", zanjaba.
HECHOS "MUY PREOCUPANTES".
Por su parte, Alvaro Anchuelo calificaba de "muy preocupante" la destitución "fulminante" en noviembre de 2013 de la inspectora jefa adjunta de la Delegación de Grandes Contribuyentes y el reguero de dimisiones en puestos clave de la Agencia que siguió a dicha medida. Una "oleada de dimisiones" que se repitió a principios del actual ejercicio, con la dimisión del jefe de la Oficina Técnica de Control, de una adjunta y de otro inspector.
Tras advertir del "riesgo de deteriorar" la imagen de la Agencia si no se explican estas renuncias, al mantenerse la duda sobre la posible existencia de "interferencias políticas" en el organismo, el diputado magenta preguntaba al Gobierno si podía "garantizar que las inspecciones a las grandes empresas y fortunas se resuelven de forma eficaz e imparcial" y pedía información sobre las circunstancias de las dimisiones.
Finalmente, Fernández Davila criticaba en su pregunta que el Ejecutivo apele siempre a "discrepancias personales" para explicar las renuncias sin aclarar el fondo del asunto, sobre todo dada la "gran relevancia" del trabajo de la unidad de Grandes Contribuyentes.
Por eso, la nacionalista gallega quería saber si esas discrepancias se deben a la forma de hacer las inspecciones, a quien se inspecciona o a quien se sanciona, y pedía medidas para que el trabajo de dicha delegación se haga "con las máximas garantías y el rigor necesario, de acuerdo a los intereses generales del Estado y a la justicias tributaria".
