Economía.- Los infractores de las nuevas normas de calidad alimentaria constarán en un registro

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Quienes comentan alguna infracción en materia de calidad alimentaria estarán sujetos a sanciones que pueden llegar hasta los tres millones de euros, y además constarán en un registro en el Ministerio de Agricultura, al que no obstante podrán acceder únicamente las administraciones concernidas.

Así figura en el proyecto de ley de Calidad Alimentaria que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que ya ha sido remitido al Congreso. Según el texto, que recoge Europa Press, los infractores de esta normativa se incluirán en una base de datos que se nutrirá de la información que aporten comunidades autónomas y Ministerio.

La consulta de estos datos será exclusivamente para los organismos concernidos, y los infractores quedarán dados de baja cuando pase el periodo correspondiente siempre y cuando hayan satisfecho la multa que se les impusiera, que podrá ser de hasta 4.000 euros en caso de infracciones leves, de entre 4.001 y 150.000 euros en las graves, y de entre 150.001 y 3 millones para las muy graves.

SIEMPRE MAS MULTA QUE BENEFICIO

Además, para garantizar el poder disuasorio de las sanciones, el texto incluye la previsión de que la multa no pueda ser nunca inferior al beneficio obtenido con la infracción, y prevé sanciones accesorias de carácter potestativo para la autoridad competente, tales como el decomiso del producto el cierre total o parcial de la empresa hasta por cinco años o la retirada de los productos falsificados.

En el caso de infracciones graves o muy graves, también se podrán suprimir el acceso a ayudas públicas o inhabilitar a la empresa para contratar con la Administración durante un periodo de hasta cinco ejercicios.

En cualquier caso, el Gobierno descarta que la puesta en marcha de estas medidas vaya a suponer un incremento del gasto presupuestario, ya que no aumentará ni el número de efectivos ni los medios materiales y tanto la creación del registro de infractores como la constitución de la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria o el establecimiento de la Red de Intercambio de Información de Calidad Alimentaria (RIICA) se realizarán con medios propios del Ministerio.

Tampoco se prevé que el cambio normativo, que permite actualizar la ley vigente desde 1983 y converger con la UE en esta materia, vaya a crear nuevas cargas administrativas para las empresas o los ciudadanos. Por contra, el proyecto debería tener un "impacto económico indirecto positivo" gracias a una mayor "transparencia y unidad de mercado" en el sistema de control, lo que generará más seguridad jurídica y confianza que se acabará trasladando a los consumidores, las transacciones entre empresas y a los inversores.

DUMPING NORMATIVO

En este sentido, en la memoria de impacto que acompaña al proyecto de ley, y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno hace hincapié en que "tanto la presión inspectora como la sancionadora son dispares" actualmente, por lo que en cada territorio las empresas "son tratadas con distinta vara de medir", al existir campañas de inspección desiguales, criterios de actuación distintos, sectores más inspeccionados que otros o tipificaciones de infracciones y sanciones diversas.

Esto causa una "ruptura" del mercado único que puede estar generando situaciones de 'dumping' normativo, e influyendo en las decisiones de instalación e inversión que hacen las empresas, lo que puede llevar a algunas comunidades autónomas a "disminuir la presión inspectora y rebajar las sanciones para atraer empresas".

Por eso, y dado que algunas comunidades autónomas ya aprobaron sus propias normas de calidad alimentaria ante el vacío legal existente durante más de 30 años, ahora el Gobierno prevé "discrepancias" con las normas regionales, que han sido "tenidas en cuenta" a la hora de preparar el proyecto de ley.

Así, el Ministerio de Agricultura espera que en la implantación de la ley las administraciones autonómicas colaboren con "lealtad", sobre todo dada su obligación de facilitar la actividad económica y empresarial y puesto que "mayoritariamente reconocen la necesidad de que exista una unidad de mercado en los ámbitos del control oficial de la calidad y en el régimen sancionador".

Los dos únicos aspectos en los que, según el Gobierno, incide este proyecto de ley, ya que la vertiente de la higiene y la seguridad alimentaria ya está regulada en otras normativas, lo mismo que la producción primaria, el detallista o el comercio exterior.

Según datos de la Federación Española de Industrias de la Alimentación (FIAB) citados en la memoria, en 2013 existían en España 28.762 empresas de alimentación y bebidas que daban empleo a 439.760 trabajadores, con una facturación de 91.903 millones de euros en venta netos de productos al sector, tras crecer un 1,9% a lo largo del ejercicio.

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