El secretario de Formación de CC.OO., Javier López, dice tener constancia de que los servicios jurídicos de muchas comunidades autónomas ya están preparando recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley de reforma de la formación profesional al entender que vulnera las competencias autonómicas.
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
"El nuevo modelo de formación no ha respondido a una mayor coordinación con del Estado con las comunidades autónomas y nos consta que los servicios jurídicos de muchas preparan demandas de inconstitucionalidad", ha dicho en rueda de prensa para presentar una guía con la que el sindicato pretende evitar abusos en las prácticas en la empresa.
López ha avisado al Gobierno que aún "hay oportunidades" que el Gobierno no debe desaprovechar para evitar mayor conflictividad y "sembrar un campo de minas" con los empresarios, los sindicatos y los gobiernos autonómicos. Y es que los agentes sociales también se han quedado propuestas en el tintero y deberían participar, a su juicio, en el posterior desarrollo de la normativa.
Para empezar, el Gobierno tiene que someter este nuevo modelo de formación al debate parlamentario --previsiblemente a mediados de abril-- y tiene que aprobar además desde un real decreto regulador hasta varias órdenes ministeriales, en las que podría recoger aportaciones de las partes implicadas.
En opinión de CC.OO., la norma debería incluir una mayor coordinación entre el Ministerio de Empleo y el de Educación, así como una mayor participación en la formación de las universidades, los centros de formación profesional o de educación a personas adultas. "Se trata de caminar juntos y no de pisar callos a nadie", ha añadido López.
Por el contrario, ha afirmado que el Real Decreto-Ley no hace sino agrandar "el auténtico agujero negro de las irregularidades" que supone la formación bonificada en el seno de la empresa, a través de una mayor flexibilidad para los empresarios.
Entre unas cosas y otras, ha dicho, "el Gobierno ha actuado sobre si los empresarios y los sindicatos dan cursos de formación", una actividad que mueve al año 90 millones de euros, frente a los 650 millones en juego, por ejemplo, en el caso de la formación bonificada.
Para remachar, López ha señalado que la libre concurrencia en la impartición de estos cursos llevará a un monopolio "de unos pocos, como en el caso de la sanidad o la energía", que encarecerá en último término la formación.
