El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, ha reconocido que la escasez de recursos y la presión por alcanzar los objetivos fijados lleva a los inspectores a centrarse en los colectivos más fáciles de controlar, como los asalariados (trabajadores por cuenta ajena) o los beneficiarios de la deducción por compra de vivienda.
"Con el número de empleados que tenemos y la presión por llegar a los objetivos se trabaja así", ha señalado Pérez Boga durante un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), donde ha considerado también "insuficientes" los recursos económicos.
Este tipo de fraude menor, según ha explicado, permite conseguir recaudación a corto plazo y se convierte en la "única salida" cuando escasean los medios, puesto que las grandes empresas lo tienen más fácil para recurrir a esquemas de elusión fiscal.
A medio plazo, sin embargo, el objetivo debe ser perseguir a todos los contribuyentes.
El presidente de los inspectores ha repasado las medidas que propone el colectivo y ha asegurado que se puede reducir la economía sumergida si hay voluntad para hacerlo, aunque eso requiere muchos cambios en España.
"Cuando un Gobierno ha tomado medidas claras contra el fraude fiscal ha aumentado la recaudación", ha dicho.
Por otro lado, ha recordado que la presión fiscal en España es "baja", ya que el país ocupa el puesto 19 de los 28 países de la UE, a pesar de que debería ser similares a los grandes países.
Francia, por ejemplo, ocupa el tercer puesto con una presión fiscal del 45% y Alemania es el décimo, con un 39%. A su parecer, España tiene un "problema de ingresos" porque "no llega el dinero" que tendría que llegar.
En cualquier caso, ha reconocido que cualquier aumento de la presión fiscal en estos momentos se tendría que destinar a pagar la deuda y no permitiría implementar políticas adicionales.
En concreto, se ha referido a la baja recaudación del IVA y ha considerado que hay propuestas "interesantes" relacionadas con la lucha contra el fraude, pero también que aluden a la proliferación de tipos reducidos en este tributo como principal problema de su capacidad recaudatoria.
