El Consejo de Ministros da luz verde para recurrir a la ley catalana. Cataluña anunció el pasado diciembre la apertura de dos nuevas delegaciones de la Generalitat en el exterior (Roma y Viena) durante 2015, una acción refrendada mediante la ley de Acción Exterior que el Parlament aprobó a finales de noviembre. Una ley que quedará suspendida, al menos durante cinco meses, cuando el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) la semana que viene.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comunicó la decisión del Consejo de Ministros que da luz verde al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que pueda presentar el recurso. Los argumentos del Gobierno son claros, la ley invade competencias de la Constitución Española y busca "desarrollar una diplomacia pública de Cataluña, cuando ésta no es un Estado y por lo tanto no es un sujeto de derecho internacional con capacidad para establecer estas relaciones". Un argumento no falto de razón si se recuerdan las palabras del portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, al presentar la ley, cuando aludió que "si existe el proyecto de hacer un Estado independiente hay que poder disponer de aquellas infraestructuras necesarias para atender la voluntad de que Cataluña sea un Estado independiente".
Con las aperturas de las oficinas de Roma y Viena , el numero de embajadas aumentaría hasta siete, ya que hay cinco operativas en Washington, Bruselas, Londres, París y Berlín. Ante la existencia de estas, el Gobierno alega que la Generalitat no ha hecho los trámites necesarios para abrir nuevas oficinas, pues para que el Ministerio de Exteriores lo apruebe se debe comunicar, a lo que la Generalitat defiende que lo hizo saber mediante una misiva en diciembre.
El error es que la ley española es clara y dice que Exteriores lo "aprobará en función del fin y objetivo" y ahí las propias palabras de Homs hacen el harakiri a sus embajadas.