El año electoral hizo acto de presencia, ayer, en el Congreso de los Diputados, en las medidas o estímulos a la economía anunciados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Un paquete que pasa por rebajas de cotizaciones a los nuevos contratos indefinidos, por cheques familiares para los hogares monoparentales o por bonificaciones para trabajadores autónomos con menores o dependientes a su cargo, entre otras iniciativas. Rajoy no cifró el impacto económico de todas estas propuestas, en las que el control del déficit público sigue estando muy presente.
Rebaja de cotizaciones
El jefe del Ejecutivo anunció una tarifa reducida para los nuevos contratos indefinidos, según la cual el empresario no tendrá que cotizar a la Seguridad Social por los primeros 500 euros del sueldo del trabajador. La medida, que según fuentes del Ministerio de Empleo, podría aprobarse el próximo viernes en Consejo de Ministros, entraría en vigor de inmediato. Esto supone que conviviría un tiempo con la tarifa plana de 100 euros, de la que se han beneficiado 200.000 contratos (y que permanecerá activa hasta el 31 de marzo). La medida se prolongaría, al menos, durante 18 meses.
Sin embargo y, a diferencia de la tarifa plana, la nueva rebaja de cotizaciones introduce un elemento de progresividad, para tratar a las rentas más bajas que, en principio, tienen más difícil la inserción en el mercado de trabajo.
En concreto, los sueldos más bajos verán reducida su cotización un 70%; los salarios en torno a los 1.000 euros verán rebajadas sus cotizaciones cerca del 50%; mientras que los sueldos más elevados, con la base de cotización máxima, las verán reducidas un 14%.
Para poder beneficiarse de ella, deberán firmarse contratos de al menos tres años, que supongan un incremento de la plantilla y, al mismo tiempo, de la contratación indefinida.
Juan Carlos Martínez, director general del IMF Business School, da la bienvenida a ésta y otras medidas que puedan servir para fomentar la contratación indefinida, pero incide en que el coste laboral se mantiene muy elevado en España, en el entorno del 32%. Así mismo, descarta que la rebaja de cotizaciones vaya a disparar el uso de este tipo de contratos y, por ende, el coste para la Seguridad Social. De enero a octubre de 2014 el Sistema registró un déficit de 2.778 millones de euros, el equivalente al 0,26% del PIB.
Martínez recuerda, además, que un amplio número de trabajadores contratados a tiempo parcial se ven obligados a aceptar esta fórmula de contrato, que no quieren, por lo que reclama medidas encaminadas a solventar este problema.
Cheques familiares
El presidente anunció ayer la extensión de las ayudas fiscales o cheques familia de 1.200 euros a las familias monoparentales con dos hijos. Ésta se mantendrá hasta que los hijos tengan 21 años, o 25 en caso de que sean estudiantes.
Desde el Ministerio de Hacienda cifran el impacto de esta medida entre los 180 y los 224 millones de euros anuales, en función de circunstancias como el número de nacimientos, separaciones o divorcios, entre otras.
Conciliación de los autónomos
En el caso de los trabajadores autónomos que necesiten reducir su jornada para cuidar a sus hijos menores de 7 años o de los mayores dependientes a su cargo, el Ejecutivo bonificará durante un año el 100% de su cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. La obtención de esa bonificación implicará que el autónomo contrate a un trabajador para poder mantener la actividad.
En general, las asociaciones de trabajadores por cuenta propia han dado la bienvenida a esta decisión. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, resaltó en un comunicado que "profundiza en la protección social de los autónomos". Sin embargo, lamentó que en el debate no se haya tratado la posibilidad de la cotización a tiempo parcial de los autónomos.
Segunda oportunidad
Con el objetivo de favorecer el proceso de desendeudamiento de familias, autónomos y pymes, tanto las personas físicas como las empresas, podrán hacer uso del "acuerdo extrajudicial de pagos". Este mecanismo les permitirá renegociar la deuda con sus proveedores, antes de recurrir al concurso. En el caso de los particulares, se aprobarán reglas de procedimiento especialmente simplificadas -plazos de designación, convocatorias de acreedores especialmente reducidas y se rebajarán los aranceles notariales y registrales-.
Las personas físicas se verán eximidas de las deudas restantes tras la liquidación de sus bienes, en el marco del procedimiento concursal. Al mismo tiempo, se modificará el plazo normativo de los "acuerdos extrajudiciales de pagos", para hacerlos más sencillos.
Los plazos de prescripción de las reclamaciones de la deuda se reducirán en general a cinco años. Por último, se reformará el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que un mayor número de hogares puedan acogerse al mismo. Hasta el momento, este código ha permitido en torno a 12.000 reestructuraciones viables de deuda y 3.500 daciones en pago.
Lucha contra el fraude
Otra de las medidas pendientes, a la que ha venido haciendo referencia el Ministro Cristóbal Montoro es la reforma de la Ley General Tributaria. El nuevo texto permitirá publicar, a finales de año, el listado de deudores de mayor cuantía, así como las sentencias condenatorias firmes por delitos contra la Hacienda Pública. Por otra parte, se ampliará a 18 meses y con carácter general, el plazo para el procedimiento de inspección y se reforzará el régimen de infracciones y sanciones en el ámbito del contrabando. Otro de los objetivos será reforzar la lucha contra el empleo irregular y el fraude, con más coordinación.
¿De qué presumió Rajoy en el Debate?
