Madrid, 20 feb (EFE).- El exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú ha alegado ante el juez Fernando Andreu que la fianza civil solidaria de 800 millones de euros que le fijó supondría "la destrucción irreversible de su patrimonio personal y familiar" y unos perjuicios de "imposible reparación".
Así lo expone el que fuera "número 2" de la entidad en el recurso que ha presentado contra el auto en el que el magistrado le daba un mes junto al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el ex vicepresidente José Luis Olivas y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella, al que ha tenido acceso Efe.
En concreto, Verdú, que defiende que siempre actuó con "una diligencia razonable", solicita que aplace la ejecución de la medida hasta que se resuelva este recurso su reforma y el de apelación y le recuerda que solo llevaba 15 días en Bankia cuando tuvo lugar la salida a Bolsa, por cuyas irregularidades le ha fijado esta cuantía.
Según su escrito, se limitó a verificar que las cuentas estaban informadas favorablemente por la auditora Deloitte y el folleto había sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Así, subraya que los errores contables que detectaron los peritos cedidos por el Banco de España para trabajar en la Audiencia Nacional "estaban totalmente fuera de sus competencias", ya que él carecía de cualquier responsabilidad en este aspecto.
También destaca que los estados financieros de Bankia que se reflejaron en el folleto fueron aprobados en el Consejo y Junta General de 28 de junio de 2011, por lo que "era absolutamente imposible" que tuviera "el menor conocimiento" de presuntas irregularidades.
"Resulta absolutamente injusto, desproporcionado y arbitrario exigir a un recién incorporado a Bankia en el momento de su salida a Bolsa, una fianza elevadísima por aspectos ajenos a sus responsabilidades", concluye el exconsejero delegado.
Además de Verdú, Olivas ha recurrido también la decisión de Andreu por considerar la cuantía "desproporcionada", por lo que le ha pedido que, si no la anula, al menos la rebaje a los 33 millones que reclamaron los perjudicados durante la vista celebrada el pasado 9 de febrero.
