Cataluña y Andalucía persisten en los 'números rojos' pese a recibir la mayor parte del FLAEl rescate total a las CCAA engrosa el pasivo del Estado y asciende ya a 104.642,6 millones
Seis autonomías españolas, con Cataluña y Andalucía a la cabeza, destacan por su insuficiente ajuste de déficit, por el desbordamiento de su deuda pública y por liderar la mayor recepción del rescate estatal en forma de Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y Planes de Proveedores. Además, pese a ser las que más oxígeno reciben a través de esos mecanismos de liquidez, que a la sazón engrosan la deuda pública estatal, siguen sin lograr la consolidación presupuestaria estipulada.
Se da el caso, además, de que precisamente esas autonomías que peor puntúan en la gestión de sus cuentas registran numerosos casos de corrupción que atañen al erario público, o tienen sus redes clientelares basadas en destinar dinero del contribuyente bien a embajadas autonómicas en el extranjero, como en el caso de Cataluña, bien a bonificaciones o estipendios como los subsidios del PER en Andalucía.
La radiografía de la mala gestión de estas Administraciones autonómicas -entre las que destacan Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura- guarda profundas similitudes con el perfil que los líderes europeos y el propio Gobierno español critican respecto de la rescatada economía griega: insuficiencia de los ajustes, deuda desbordada, incompleta implantación de las reformas y ajustes marcados, sobredimensión del sector público, fraude, corrupción y clientelismo basado en subvenciones, bonificaciones o exenciones que merman la caja de las arcas públicas.
Sin embargo, las Grecias que están dentro de casa se ven de otra manera y cuestiones políticas hacen que no se ejerza con las autonomías más díscolas la misma fuerza que se pretende ejercer sobre Atenas para que cumpla sus reformas y ajustes. Como indica el profesor del CEF Juan Fernando Robles, "aunque Cataluña, Valencia y Andalucía, entre otras, no han quebrado gracias al respaldo y financiación del Estado, su mala gestión presupuestaria ha sido escandalosamente similar a la que se atribuye a Grecia". No en vano, frente a los 240.000 millones que recibió Grecia en sus dos rescates, el conjunto de las CCAA ha recibido asistencia por 104.642,66 millones entre las distintas fases del FLA y de los Planes de Pago a Proveedores (incluyendo el de entidades locales, que en última instancia redunda en beneficio de la comunidad). Y pese a haber insuflado el Estado este elevado montante, la radiografía autonómica conjunta arroja una deuda total del 22 por ciento del PIB, que rebasa ya el techo de los próximos tres años, y en noviembre de 2014 doce CCAA incumplían el tope de déficit del año, del 1 por ciento del PIB. Todo ello con nuestras seis Grecias -Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura- a la cabeza en desequilibrios y con elevadas tasas de paro.
El profesor del IEB Miguel Ángel Bernal comparte la identificación de la mala gestión autonómica con el caso griego, pero cita una diferencia fundamental: "Aquí sí hemos mutualizado la deuda". En este punto, Robles añade que "aunque se ha mutualizado, sobre todo en Cataluña este hecho carece de reconocimiento público pese a haber reportado grandes ahorros. No sólo eso, indica, sino que, además, "no se ha visto correspondido con una verdadera colaboración para reducir gastos duplicados con la Administración del Estado, como los de representación en el extranjero o medios de comunicación".
Y si algo resulta aún más flagrante en la mala gestión es el desglose del desajuste. Casi siempre la justificación del desvío respecto de la meta de déficit no obedece a servicios que justifiquen la laxitud. Robles explica que es "rayano en la prevaricación recortar en servicios públicos esenciales, como sanidad y educación, mientras se mantienen estructuras de gasto orientadas a la propaganda o a mantener el clientelismo".
La clave de esta situación, indica, es que el rescate autonómico apenas ha estado ligado a cumplir condiciones estrictas", algo que ahora trata de subsanar el Gobierno obligando a más control y supervisión a las que reciban la árnica de las nuevas medidas lanzadas a final de 2014, como la condonación de intereses. Una árnica que también pide hoy Grecia a sus acreedores.
