
Un total de 24.500 parados de larga duración sin ingresos y con cargas familiares han solicitado el alta en el programa de activación para el empleo que prevé una ayuda de 426 euros. La afluencia de solicitantes a las oficinas, que el sindicato de funcionarios denunció a mediados de enero, ha sido descrita como una "avalancha" por la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.
En la rueda de prensa de presentación de los datos de paro del mes de enero, Hidalgo admitió que las oficinas de los servicios públicos de empleo vivieron "una avalancha" en los primeros días de la puesta en marcha de este plan, pero aseguró que "en los últimos días se ha normalizado" el ritmo y la carga de trabajo en las oficinas "vuelve a estar al día".
De hecho, sostuvo que esa mayor carga de trabajo derivada de los expedientes procedentes de este nuevo programa se compensa por la disminución de las solicitudes de alta en la prestación por paro.
No obstante, la secretaria de Estado quiso "agradecer enormemente" el trabajo de los empleados de los servicios públicos de empleo y destacó que, a pesar de la época de consolidación presupuestaria, se han puesto en marcha "algunas medidas que han contribuido a que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) funcione como lo hace". En concreto, citó un aumento de 1.200 trabajadores, "aunque es verdad que con carácter interino".
Oficinas "desbordadas"
El pasado mes de enero, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) denunció que el personal al frente de las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se encontraba "desbordado" ante el elevado número de solicitantes de la nueva prestación para parados de larga duración.
Además, recordaban que afrontan la situación con la misma plantilla de empleados públicos, "congelada" desde hace varios años pese al incremento exponencial de las tasas de paro en España durante la crisis económica.
CSI-F afirmaba tambiénn que a la "extra" de carga de trabajo que previsiblemente va a conllevar esta nueva prestación, se le suma la gestión mensual de "cientos de miles de expedientes" correspondientes a la 'cartera de servicios' que los servicios públicos de empleo tramitan habitualmente.