El Pleno del Congreso ha convalidado este martes el decreto por el que se crea una nueva ayuda para parados de larga duración con cargas familiares con el voto a favor de PP, PSOE, UPyD, CiU y CC-NC, y la abstención de la Izquierda Plural y el PNV, si bien todas las formaciones de la oposición han criticado la "insuficiencia" de este "parche" y han pedido que se tramite como proyecto de ley, una pretensión rechazada por los 'populares'.
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha hecho hincapié en que este programa es resultado del "trabajo conjunto y el diálogo continuo y responsable" con las comunidades autónomas y los agentes sociales, y ha conminado a los grupos parlamentarios a "sumar voluntades" para resolver el "desafío" del paro, que es "un reto de todos".
A renglón seguido ha explicado que el programa extraordinario de activación para el empleo beneficiará a unos 400.000 parados de larga duración --que son los que "más difícil lo tienen" para volver al mercado de trabajo-- con cargas familiares y que llevan más de seis meses sin protección social. Así, entre el pasado 15 de enero y el 31 de marzo de 2016 se dedicarán más de mil millones de euros a esta ayuda.
CON ORIENTACIÓN LABORAL
Así, el mecanismo incluye tanto una ayuda económica de 426 euros al mes, compatible con un sueldo, como "itinerarios personalizados de inserción, ajustados a los perfiles profesionales" de cada parado, de modo que tengan la ayuda "más personalizada" de un tutor personal en la transición hacia el empleo.
"Las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal ya están definiendo estos servicios", ha indicado la ministra, comprometiéndose a que todas las regiones cuenten "con los recursos necesarios" gracias a la redistribución entre ellas de hasta un 25,4% más de recursos económicos, gracias a un aumento del 16,8% en el conjunto de partidas de Políticas Activas de Empleo previstas en el Presupuesto de 2015.
"Debemos seguir trabajando juntos para que los españoles encuentren oportunidades cuanto antes. El reto es ganarle tiempo al tiempo", ha concluido la titular de Empleo, volviendo a pedir a la oposición su respaldo al decreto y avanzando en que en los próximos meses su trabajo se centrará en reformar la formación profesional para el empleo para que sea más eficiente y de mayor calidad.
Carmen Álvarez-Arenas, portavoz 'popular', ha mostrado su "moderada satisfacción" por este acuerdo social y ha defendido los resultados de la política laboral del Gobierno. "Estamos en el inicio de un camino que va por la buena dirección. Ésta es la combinación de las políticas activas con las políticas pasivas, que es lo que nos pide Bruselas", ha añadido, afirmando que será posible conseguir mejores resultados de inserción pese a contar con menos recursos.
MEDIDA "MODESTA" Y "CICATERA"
Sin embargo, el portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha lamentado que la "rectificación" a los "recortes" de la protección por desempleo que supone este decreto sea sólo "modesta, parcial y cicatera", y ha criticado que llegará a demasiados pocos parados y por una cuantía insuficiente.
"Una situación tan dramática como que el 43% de los parados no tengan ninguna prestación no es una maldición bíblica ni consecuencia de la crisis, sino el resultado de la política de recortes del PP, que ha usurpado derechos a los parados a golpe de decretazos", ha reprochado, refiriéndose a una norma aprobada en verano de 2012 que endureció las condiciones de acceso a las prestaciones y subsidios por desempleo.
Así, el diputado catalán cree que se trata de "una cura paliativa que no resuelve la amputación de derechos" de los últimos años y ha instado al Gobierno a aprovechar la recuperación económica de la que alardea para "abordar este drama social". "Si antes tuvieron que castigar a los débiles, ahora tendrán que devolverles una parte de lo que les han quitado. Aprovechen esta oportunidad, hay recursos para ello", ha zanjado.
Emilio Olabarria, del PNV, ha criticado que en la "situación de protección por desempleo más baja de la Historia" la cuantía consignada sea "insuficiente", porque ya existe más de un millón de parados de larga duración con cargas familiares. Además, ha negado que el decreto se negociara con las comunidades, sino que fue "impuesto" tras pactarlo con los agentes sociales y pese a "pervertir" competencias autonómicas.
Por Compromís-Equo, Joan Baldoví ha recordado que la caída del gasto en prestaciones en los últimos ejercicios no se debe a que "haya menos parados sino a que ha empeorado su protección", tanto en cuantías como en condiciones de acceso. En estas circunstancias, cree que este programa supone un "apaño, un remiendo, una cataplasma" que no soluciona la necesidad de millones de personas y que además "recoge tantos requisitos que no va a llegar ni mucho menos" al número de personas estimada.
En este punto, ha mostrado su solidaridad con los trabajadores de la empresa Bosal de Sagunto, que están a punto de sufrir un ERE pese a tratarse de una empresa "rentable, con beneficios y que ha recibido ayudas públicas". Con estos trabajadores se ha solidarizado también Joan Tardá, de ERC, que cree que "la causa de Bosal es la causa de todos los trabajadores" y critica la "gran contradicción" de que el Gobierno "no ataje las causas del paro y la exclusión social y luego ponga parches".
Por Amaiur, Sabino Cuadra ha afirmado que los más de mil millones de euros destinados a esta prestación se los "embolsará en su integridad" la patronal, que podrá descontarse los 426 euros del sueldo que pague a los parados. "Es todo un chollo", ha reprochado.
PEQUEÑO AVANCE
El portavoz de Empleo del PSOE, Rafael Simancas, ha valorado que "tras tantas carreras hacia atrás para los derechos de los trabajadores" este decreto suponga "un pequeño pasito hacia adelante", aunque sea "tardío, insuficiente, raquítico, con clara voluntad electoralista, arrancado por los sindicatos y cicatero".
No obstante, cree que se trata de una ayuda "insuficiente" en el número de beneficiarios y en la cuantía, y ha calificado de "sarcasmo absoluto" que el Gobierno pretenda mejorar las políticas activas de empleo con menos recurso y personal. "Han pasado ustedes como el caballo de Atila sobre los derechos de los trabajadores", ha añadido, rechazando así el discurso "complaciente y triunfalista" de Báñez.
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, valora que tras esta ayuda haya un pacto social, que sea compatible con un empleo y la creación "aunque sea tardía" de este programa, dada la caída de la protección social y del gasto en prestaciones. No obstante, cree que este "parche" llega "tarde" y presenta "importantes deficiencias" en cuanto a su "insuficiencia" en el número de beneficiarios, cuantía --"Se repone la mitad de lo que se detrajo en los Presupuestos"-- y duración. Además, duda de que se pueda llevar a la práctica la propuesta del tratamiento individualizado de cada caso.
Por CiU, Carles Campuzano también cree que éste es un "nuevo parche" con requisitos "muy restrictivos" y que tiene "más de retórica que de realidad" en relación con la activación de los parados, dada la falta de recursos en los servicios de empleo. Además, lamenta que no se tenga en cuenta a los autónomos ni las diferentes necesidades familiares. No obstante, ha dado la bienvenida a esta ayuda, sobre todo por ser pactada con los agentes sociales.
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