El Gobierno italiano suspendió el domingo la reforma de su legislación tributaria tras una controversia por la posibilidad de que las medidas propuestas pudieran anular la pena por fraude tributario de 2012 contra el ex primer ministro Silvio Berlusconi.
La medida tributaria que causó la controversia durante el fin de semana eximiría a las personas condenadas por delitos contra el fisco de castigos si el monto evadido o defraudado fuera inferior al 3% del ingreso tributable total.
La cantidad por la que se condenó a Berlusconi sería inferior a ese tope.
¿Ayuda encubierta de Renzi a Berlusconi?
El primer ministro italiano, Matteo Renzi, dijo que se revisaría el proyecto antes de que pasara al Parlamento, con el fin de disipar las insinuaciones de que estaría ayudando a Berlusconi a cambio del apoyo del exlíder en futuras reformas.
El domingo, varios diarios italianos destacaron una sección del proyecto que modifica las penas por delitos tributarios, de tal forma que podría poner en duda la condena de Berlusconi.
Las reformas propuestas se anunciaron la semana pasada.
"Si la gente cree que existe algún tipo de acuerdo secreto, vamos a retrasar la medida hasta (...) que Berlusconi haya terminado con su servicio comunitario", dijo Renzi durante una entrevista televisada.
Berlusconi, de 78 años, está cumpliendo con un año de servicio comunitario en una casa de reposo.
El cambio de postura del Gobierno destaca la delicada relación que tiene con Berlusconi el 'establishment' político de Italia.
El ex primer ministro salió del Gobierno en 2011 y desde entonces se le ha impedido ocupar cargos públicos, pero su partido aún cuenta con muchos miembros en el Parlamento.
La demora en el proyecto señala además lo difícil que será reformar la estancada economía de Italia, la tercera mayor de la zona euro.
Las reformas son cruciales para reanimar el crecimiento después de tres años de estancamiento, pero los esfuerzos se están siendo obstaculizados por sindicatos y otros grupos de presión.
Un ejemplo: en víspera de Año Nuevo, un 85 por ciento de los oficiales de policía que tenían que patrullar Roma no trabajó, aduciendo problemas personales o licencias por enfermedad.
Cientos de trabajadores de otros sectores públicos, como conductores de autobus en Bari o los encargados de limpiar las calles en Nápoles, también se reportaron enfermos.
Renzi prometió apurar los cambios a la administración pública del país - esfuerzo que han eludido casi todos los gobiernos, incluso el suyo.
La semana pasada, en la misma reunión de gabinete que aprobó el proyecto tributario, Renzi anunció cambios en las leyes laborales de Italia, que facilitarían a las empresas privadas despedir trabajadores durante períodos de crisis.
A Renzi se le criticó por no aplicar esas modificaciones a los trabajadores del Gobierno, aunque en una entrevista del diario La Repubblica publicada el domingo, la ministra de la Administración Pública, Marianna Madia, dijo que "se podrían aplicar criterios similares al sector público".
El subsecretario de Economía, Enrico Zanetti, dijo en una entrevista con el canal Sky TG24 que el gobierno podría enmendar fácilmente el proyecto para remover el fraude tributario de la exención.
Pero Zanetti agregó que la indignación por el proyecto de ley demostraba que Italia ya iba a "dar vuelta la página".
Acuerdo para reformar la ley electoral
