SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
El presidente de la inmobiliaria Contsa Corporación Empresarial, José Salas, declarará mañana en el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, donde ha sido citado como imputado por segunda vez después de que cuatro acreedores lo denunciaran por la vía penal.
Fuentes del caso informaron a Europa Press de que a las mismas dependencias acudirá previamente, a las 10.00 horas y en calidad de testigo, Miguel López Lora, una de las cuatro personas que han denunciado a José Salas y a quien la empresa sólo le reconoce 60.000 euros de los más de 484.000 euros que reclama por las aportaciones que ha hecho a esta empresa que se encuentra, según su versión de los hechos, en una situación de "quiebra fraudulenta".
En su primera declaración realizada en marzo, Salas indicó que los detalles de la contabilidad de Contsa los llevaba su hermano, Rafael Salas, ya fallecido, y que era él quien conocía las cuentas de la empresa. Asimismo, añadió que no tuvo conocimiento de los problemas de liquidez de la empresa hasta finales de noviembre del pasado año, momento en que, según apuntó, se dejaron de captar inversores.
Los afectados denunciaron a la compañía y a su presidente por presuntos delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida, estafa y falsedad documental.
El Juzgado de lo Mercantil declaró el pasado febrero el concurso necesario de Contsa a consecuencia de la reclamación de un acreedor que reclama más de 900.00 euros por los impagos de los intereses que debía reportarle el capital que invirtió en la empresa.
Posteriormente, el juzgado cerró el plazo para que los acreedores acreditasen las cantidades entregadas a Contsa. En este sentido, alrededor de 1.000 perjudicados han puesto de manifiesto una deuda que se sitúa cerca de los 80 millones de euros, si bien José Salas sólo reconoce 49 millones.
Contsa se declaró en suspensión de pagos ante la caída del mercado inmobiliario unida a las fuertes restricciones del crédito existentes, por lo que solicitó a la jurisdicción mercantil competente la incoación de un concurso voluntario de acreedores que establezca las bases de un convenio que permitiera satisfacer sus obligaciones económicas respecto a sus socios e inversores así como su continuidad en el sector.
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