El presidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez Barazón, uso la trama Púnica para asegurar su puesto en la Administración.
El juez Eloy Velasco dictó ayer prisión incondicional contra Martínez Barazón acusado de prevaricación, falsificación documental, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otras cosas, por modificar contratos públicos en favor de Alejandro de Pedro Llorca, uno de los conseguidores de la trama al que también ha enviado a la cárcel sin fianza, a cambio de que mediara por él ante el Partido Popular (PP) para seguir al frente de la Diputación de León. El magistrado ha enviado a ambos a prisión tras apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
"Martín Marcos Martínez Barazón habría puesto en marcha varios procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro, en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencia entre los altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León", explica el juez Velasco en el auto publicado ayer.
En concreto, y según pública el Diario de Valladolid, la Audiencia Nacional está investigando la modificación de un pliego para fusión de las estaciones de esquí de Fuentes de Invierno en Asturias y de San Isidro, que incluye la gestión de la cafetería. Según las primeras investigaciones, el pliego, que ya estaba preparado, fue modificado por la trama a su medida. Desde la Diputación de León aseguran que Martínez Barazón, que según el juez también tendría participación en algunas de las empresas que resultarían adjudicatarias de concursos, y Llorca comieron en agosto a solas y que el presunto objetivo del presidente de la Diputación era darle más contratos. Entre ellos, uno de 13 millones para eficiencia energética de 68 pueblos, para tener al empresario de su lado y aprovechar sus contactos con el PP en su favor.
De Pedro Llorca -que también fue trasladado ayer a Soto del Real acusado de organización criminal, fraude y utilización de información confidencial, entre otros delitos- prestaba servicios de reputación en Internet para autoridades políticas, una actividad que presuntamente le abrió la puerta para constituir una red de contactos con autoridades públicas que "le facilitarían la contratación en otros sectores para sí o para tercero, como sucede en Murcia, León y Madrid", asegura el magistrado.
En este sentido, Velasco apunta a que los servicios de "reputación en Internet" no era susceptibles de contratación administrativa por lo que "se pagaban mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto", recoge el auto. En este punto, Velasco señala que Llorca es "la cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo, en ocasiones, al de David Marjaliza", el amigo y socio de Francisco Granados en la trama.
Comisiones de los festejos
El juez de la Audiencia Nacional, que ayer tomó declaración a decena de detenidos, decretó, a su vez, prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta, dueño de la sociedad Waiter Music, por obtener, presuntamente, "contratos irregulares" con diversos municipios madrileños. La firma fundada por Huerta, que ayer se desmayó en la Audiencia, históricamente ha sido adjudicataria de numerosos contratos públicos de diversos municipios de Madrid así cómo de empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid donde Francisco Granados ocupó cargos de relevancia. La investigación apunta a que Waiter pagaba comisiones al político a cambio de hacerse con las fiestas de Valdemoro y otros municipios investigados. Granados y su socio Marjaliza, considerados cabecillas de la trama, declararán hoy ante el juez y está previsto que el fiscal solicite prisión incondicional.
