El goteo de escándalos en materia de corrupción -con la operación Púnica a la cabeza- y la crisis de confianza que amenaza a las instituciones públicas y a sus representantes han llevado al Poder Judicial a lanzar un grito de alerta al legislador, en busca de herramientas que permitan a los jueces actuar de forma más eficaz contra estos casos.
La reunión anual que mantienen los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España, que tuvo lugar hasta ayer en La Coruña, ha estado marcada esta vez por las malas prácticas de los representantes públicos, y ha desembocado en un mensaje claro para las Cortes: es necesario "otro modelo de proceso penal, que dé respuesta satisfactoria a las nuevas formas de delincuencia que están socavando las instituciones democráticas y la confianza ciudadana en ellas".
A través de su declaración institucional anual, en la que los magistrados recogen las carencias de la Administración de Justicia, los jueces dejaron claro que la corrupción se ha convertido en un problema clave al que debe hacerse frente a través de una reforma del propio proceso penal. El objetivo no es otro que "impulsar y agilizar los procesos complejos -principalmente de corrupción- a través de medidas legislativas", erradicando los retrasos y evitando una "justicia tardía".
Los jueces acuden, además, a argumentos de peso, como el hecho de que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que "los tribunales están llamados también a asegurar el cumplimiento de las exigencias del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en materia de plazo razonable".
Sin embargo, el cambio que piden los presidentes no se queda en el proceso, sino que se extiende también a la reorganización de medios personales y materiales para poder atender adecuadamente a los picos de trabajo que pueden suponer determinados casos.
Para los jueces, resulta clave mejorar la gestión de las medidas de refuerzo en los órganos judiciales sobrecargados o mal dimensionados, así como "acompañar con funcionarios de refuerzo las medidas de apoyo a órganos judiciales que se ponen en marcha".
La combinación de ambas fórmulas daría lugar a que las "instrucciones penales ganen en agilidad". Eso sí, "sin detrimento de garantías de víctimas y acusados". Sólo así se evitaría, aseguran los jueces, que las instrucciones penales "se conviertan en un fin en sí mismas".
Compromiso "anticorrupción"
La respuesta del Ministerio de Justicia no se hizo esperar: la jornada de clausura de la reunión anual de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia contó con la presencia del recién estrenado ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien subrayó el "máximo compromiso del Gobierno" en la lucha contra la corrupción.
De hecho, Catalá reconoció que es necesario "seguir perfeccionando los tipos penales para no dejar ningún resquicio", y aseguró que hay que "estar permanentemente estudiando nuestra legislación vigente", tanto la sustantiva del Código Penal como la procesal para también "agilizar la tramitación de los grandes procesos".
En este mismo contexto, el ministro de Justicia se refirió al proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los trámites. "Yo creo que la Justicia en general funciona con agilidad y, sin embargo, la tramitación de los grandes procesos se complica y en ocasiones transmite una imagen de que una justicia tardía es una justicia de menor calidad", aseguró. Por esa razón, desde el Ministerio, según indicó su titular, trabajan para presentar una reforma procesal "que permita que las grandes causas de tramitación compleja se puedan agilizar y se puedan finalizar piezas separadas de la instrucción para enjuiciarlas y que no se alargue durante años la tramitación de sumarios complejos".
Además, Catalá atendió a una de las grandes peticiones de los jueces, al anunciar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que siente las bases de una posible redistribución de asuntos entre juzgados, sin modificar los partidos judiciales, así como la modernización de la justicia o la mejora de la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Para estas reformas, el Ministerio cuenta con una dotación de 1.600 millones de euros para el próximo año.
Otra de las exigencias de los magistrados pasa por la reorganización del mapa judicial a través de una nueva Ley de Planta y Demarcación, que permita el "trabajo colegiado y compartido, no compartimentado" de los jueces de primera instancia, mejorando su gestión.
¿Cuántos Poncio Pilatos hay en los altos tribunales?
