
Firmeza y diálogo. En estas dos palabras se podía resumir la declaración institucional del Presidente del Gobierno, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para formalizar las presentación de los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña y contra el Decreto de la convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre que firmó el sábado el presidente de la Generalitat.
Firmeza, porque Rajoy, en un tono sereno pero con la solemnidad que requería el desafío secesionista, reiteró una vez más que la consulta "no va a celebarse porque atenta directamente contra la Constitución". Análisis: un pacto para gestionar la frustración.
Y diálogo, porque el jefe del Ejecutivo, respondiendo a una de las tres preguntas que permitió a los informadores, confirmó su disposición a negociar las 23 propuestas que le presentó Artur Mas durante la reunión que matuvieron el pasado 30 de julio en La Moncloa.
"De esas propuestas, algunas son razonables, otras discutibles, y están en la línea que pueden hacerlo otros presidentes de otras comunidades autónomas", dijo el Presidente, para añadir que "yo sobre eso sí estoy dispuesto a hablar".
Recordar que entre esas 23 propuestas, figuraban la revisión del sistema de financiación autonómica aumentando los ingresos transferidos a Cataluña por liquidaciones y anticipos, además de la cesión a la Generalitat de la gestión del 0,7 por ciento del IRPF destinado a fines sociales.
Por lo demás, Rajoy, fundamentó su alocución sobre cuatro ideas base: la inconstitucionalidad de la consulta de autodeterminación; la defensa de la ley como garantía de las libertades y de la democraciá; la responsablidad del Gobierno de la Generalitat; y la oferta de diálogo, pero siempre "dentro del más escrupuloso respeto a al legalidad".
Respecto a la cuestión constitucional, explicó que "la consulta de autodeterminación que pretende convocar el Gobierno de la Generalitat es abiertamente contraria a nuestra Constitución, que en el primero de sus artículos consagra que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Es por ello que calificó de "demagógico" el recurso de "apelar a algo que suena bien: el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado. El problema es que quien esgrime estos argumentos en la realidad le está privando de ese derecho a quien realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español".
Reforma de la Constitución
Tras recordar que la posición del Gobierno está avalada por la mayoría del Congreso y por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia del 24 de marzo, el Presidente insistió en que con estos recursos "defendemos la vigencia de la ley democrática", porque la ley "es garantía de igualdad, de los derechos y de las libertades de los ciudadanos". Por ello consideró "inadmisible, como hacen algunos, contraponer ley a democracia, proque sin ley no hay democracia".
Sin citar nunca a Artur Mas, Rajoy no perdió la oportunidad de señalar que "quien ha puesto en marcha todo este proceso es responsable de las graves consecuencias del mismo", para lamentar que la consuta "divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España, y perjudica gravemente a su bienestar, por no hablar de la frustración a la que está condenando a una parte de los ciudadanos de Cataluña al animarles a participar en una iniciativa que no puede, por su ilegalidad, ver la luz.
A pesar de todo, el Presidente terminó expresando su confianza en que "aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero".
En la misma línea, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, volvió a reiterar el respaldo de los socialistas al recurso del Gobierno "en defensa y garantía de la legalidad". Lamentó la decisión de Artur Mas, porque "daña profundamente a la democracia española" e insistió en su propuesta de reforma de la Constitución.
"Soy muy testarudo -dijo Sánchez- y voy a plantear una y otra vez al presidente del Gobierno la reforma constitucional". Algo a lo que abrió la puerta también Rajoy en su discurso cuando afirmó que "Las leyes se pueden cambiar, pero siempre por los cauces democráticos establecidos. Quien desee modificar esta situación tiene toda la libertad de plantear una reforma de la misma: proponerla en los términos democráticamente establecidos y conseguir los apoyos necesarios para sacarla adelante".