El futuro modelo de financiación autonómica deberá rellenar un agujero presupuestario de más de 6.000 millones de euros en sanidad. Es la deuda o facturas sin pagar de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que la intervención reconoció 5.590 millones al cierre de 2006 y en 2007 ha habido desviaciones importantes.
Sólo Andalucía, Cataluña y Valencia acumulan el 75 por ciento del total, mientras que Madrid ha sido la que más ha reducido este agujero , al presentar un desfase de 263 millones. Otras como Valencia han presupuestado para 2008 la misma deuda de 1.130 millones de euros que el Consejo de Política Fiscal y Financiera recogió en su último informe de gasto sanitario de 2007.
Del último ejercicio todavía no hay resultados pero cuando se abren los cajones después de un cambio de Gobierno aparecen más facturas sin pagar. El consejero balear de Salud, Vicent Thomas, cifró su deuda en 250 millones nada más llegar al cargo, cuando en 2006 se contabilizaron 56 millones. Lo cierto es que todos los recursos parecen poco cuando se trata de financiar una prestación que crece a un ritmo medio superior al 8,5 por ciento desde 1999 y que en 2003 se disparó un 11,3 por ciento.
Bocado de la sanidad
Los consejeros autonómicos de Sanidad se reúnen hoy con el ministro Bernat Soria para debatir, por vez primera en cuatro años, el problema de la financiación. Un debate muy esperado porque el bocado de la sanidad se lleva ya más de un tercio de los presupuestos autonómicos y las comunidades han tenido que hacer encaje de bolillos para cuadrar sus cuentas. La razón es que el modelo de financiación de 2002 no se ha actualizado para responder al aumento demográfico, sino que ha mantenido la referencia de población de 1999.
Madrid es un ejemplo. Desde 1999, la población protegida por el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aumentado en 995.139 personas, un 21,1 por ciento, frente a la media nacional del 13,6 por ciento. En cambio, los fondos se han repartido según el Padrón de 1999, como lamentan desde la Consejería de Hacienda. El resultado es que se ha dejado fuera a casi un millón de personas y el Gobierno regional ha tenido que hacer un sobreesfuerzo al elevar su presupuesto sanitario un 44 por ciento desde 2004 para atender a esta población.
Con mayor o menor presión, todas las comunidades se han visto con la soga al cuello por el aumento demográfico. Este factor pondera al 75 por ciento en el reparto del fondo general sanitario, pero no es la única variable que cuenta.
Hay otras que han sido pesadas en el vigente modelo, como el envejecimiento (24,5 por ciento) o la insularidad (0,5 por ciento), a las que se pueden sumar la dispersión demográfica y el número de zonas rurales y la superficie territorial.
El objetivo de Soria
El Consejo Interterritorial del SNS de hoy es la oportunidad para acordar los criterios y las bases que determinan el gasto sanitario. Soria ya ha avanzado que su objetivo es impulsar "su base capitativa y la suficiencia dinámica" del sistema, aunque ha avisado que básicamente se trata de aportar datos al debate porque la última palabra es del Ministerio de Economía.
Como hay mucho en juego, las autonomías no han dudado en hacer frente común. Es el caso de Galicia, Asturias y Castilla y León con el envejecimiento de su población. Un estudio de la Fundación BBVA calcula que las personas de 85 años requieren un gasto sanitario ocho veces superior que las personas entre 1 y 25 años y cada pensionista gasta en botica 1.018 euros, casi 14 veces más que un activo.
Tampoco es lo mismo prestar atención médica en una zona poblada que en regiones como Extremadura o las dos Castillas, donde se deben duplicar los esfuerzos en ambulatorios, urgencias o transporte. Y otro indicador es el coste de los pacientes desplazados, ya sean nacionales o extranjeros. El Fondo de Cohesión no cubre los gastos y Valencia ha sido la primera en aprobar una Ley de Aseguramiento del Sistema Sanitario Público para facturar los 210 millones que le cuesta atender las consultas, urgencias y hospitalizaciones de pacientes desplazados.
Los consejeros de Sanidad de Cataluña y la Comunidad valenciana también han acercado posturas. Marina Geli y Manuel Cervera subrayaron el 28 de mayo la "insuficiencia presupuestaria" del modelo actual. Por eso, la portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso, Conxita Tarruella, ya ha pedido resolver cuanto antes la deuda histórica contraída con Cataluña, cifrada en 1.000 millones de euros más al año. Una cantidad que Valencia ha elevado a 1.200 millones al año. La de Canarias es de 823 millones de euros anuales en el periodo 2002-2007, y la de Baleares, de 900 millones de euros.
