La dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, desbloqueará en los próximos meses el caso Blesa de los juzgados, donde lleva en dique seco casi un año y medio, así como la investigación por la compra presuntamente irregular del City National Bank of Florida (CNBF) en 2008, cuando el exbanquero presidía Caja Madrid. La causa en la que se juzga a Miguel Blesa suma cinco jueces desde mayo de 2013 y tiene al primero de los magistrados que instruyó el caso, Elpidio Silva, procesado. Análisis | El gran fracaso del mesiánico Gallardón.
Al margen de que Miguel Blesa haya contado en todo momento a lo largo de la causa con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, que no dudó en recurrir su ingreso en prisión, con el respaldo público de Gallardón, el proceso está ahora mismo encallado, entre otras cosas, por las presiones del exministro, según denuncian desde la acusación particular, que ejerce Manos Limpias.
El sindicato de funcionarios no duda en expresar así su satisfacción en este sentido: "Gallardón ha usado todos los tentáculos a su alcance para ejercer de tapón e intentar paralizar la investigación". El juez que abrió el caso en 2012, Elpidio José Silva, se mostró, sin embargo, algo más pesimista en Twitter al asegurar que "la dimisión de Gallardón llega tarde. El daño ya está hecho, y mucho".
Silva, apartado
Desde que la Audiencia Provincial de Madrid apartara al magistrado Silva de la causa el pasado 26 de mayo de 2013, apenas 20 días después de enviar al expresidente de Caja Madrid por segunda vez a la cárcel, la instrucción suma ya cinco jueces en tan sólo 16 meses, sin que haya producido ningún tipo de avance. Sobre todo porque la práctica totalidad de los magistrados ha intentando paralizar o desvincularse completamente del proceso.
A Silva le sustituyó Juan Antonio Toro, que llegó a suspender la investigación, aunque la Audiencia le obligó posteriormente a reabrirla. De ahí fue a parar a la magistrado María Sánchez Romero, que mostró un desinterés idéntico, hasta que fue sustituida por Leticia García, que, entre otras cosas, se negó a pedir a Bankia los correos del resto de los imputados, tal y como pedía la acusación particular que ejerce Manos Limpias, sobre todo una vez que los medios de publicación habían sacado ya a la luz los emails de Blesa.
Todo hasta el pasado mes de abril, cuando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió a la juez Raquel Robles para ocupar el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, vacante por la suspensión de funciones de su titular, el magistrado Silva. El problema es que, hasta ahora, la situación sigue bloqueada. En un auto dictado el pasado 2 de septiembre, la nueva juez ha rechazado, por ejemplo, todas las peticiones hechas por Manos Limpias para que declararan, entre otros, los antiguos consejeros de Caja Madrid José María Arteta y Alberto Recarte, además del secretario del máximo órgano ejecutivo, Enrique de la Torre.
Rechazo a las actas
Eso, además, de rechazar también un requerimiento a Bankia para que aportara las actas de las asambleas generales de Caja Madrid de los años 2006 a 2009, al considerar que son "innecesarias" en la instrucción. Robles tan sólo accede a que se requiera a la Fundación Caja Madrid y a Bankia "para que aporten el acta del comité de dirección en el que se acordó adquirir el Banco de Florida".
Más alla de lo que pueda pasar finalmente con la instrucción de este caso, por el que se investiga el presunto sobreprecio y posible cobro de comisiones en la adquisición del banco de Florida, Blesa está siendo investigado también en la Audiencia Nacional por la comercialización de las participaciones preferentes.
En este sentido, el pasado 17 de septiembre el juez Fernando Andreu acordó que los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid, fuera ya de la causa por la compra del City, sean incorporados al caso de la venta de las preferentes por parte de la entidad en 2009. Andreu aceptó así la petición de las acusaciones tras el visto bueno de la Fiscalía al considerar que pueden "constituir un valioso acervo en las presentes diligencias" para determinar la naturaleza y las circunstancias de los hechos investigados. El magistrado investigará las comunicaciones de Blesa con los miembros del equipo directivo y del consejo de la caja a través del sistema informático corporativo.
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