BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)
La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha pedido este martes a la Comisión Europea que refuerce los controles sobre los casos de "puertas giratorias" entre sus altos funcionarios para evitar conflictos de interés. O'Reilly le ha reclamado también que publique en Internet toda la información, incluidos los nombres, de los funcionarios que abandonan la administración de la UE para ir al sector privado.
La iniciativa es el resultado de las denuncias de cinco ONGs y del examen por parte de la Defensora del Pueblo de 54 casos de "puertas giratorias".
Durante su investigación, O'Reilly ha constatado "deficiencias" en la forma en que las decisiones para los casos de "puertas giratorias" se motivan y se documentan, y ha reclamado a Bruselas que corrija estas lagunas. No siempre está claro, sostiene la Defensora del Pueblo, si los funcionarios afectados proporcionaron a la Comisión la información necesaria para adoptar decisiones bien informadas, ni tampoco cómo se tuvieron en cuenta los comentarios de sus servicios. Además, el Ejecutivo comunitario no explica en todos los casos por qué ha decidido aprobar una petición para ir al sector privada.
"Los funcionarios tienen un derecho legítimo a aceptar ofertas de trabajo cuando dejan el servicio público. No obstante, para mantener la confianza de los ciudadanos en los funcionarios de la UE, las instituciones deben reforzar y hacer más transparentes sus sistemas de revisión para garantizar que estos movimientos no planteen conflictos de interés", ha dicho la Defensora del Pueblo.
"La experiencia internacional nos ha mostrado que este fenómeno de las 'puertas giratorias' puede a veces tener una influencia corruptora en los altos funcionarios, lo que daña inmensamente la confianza pública", resalta O'Reilly.
Los funcionarios que dejan la UE deben informar a su institución de cualquier nuevo empleo durante un periodo de dos años tras dejar su cargo. Además, los ex funcionarios no están autorizados a actuar en lobbies frente a sus antiguos colegas durante un periodo de 12 meses. Las instituciones de la UE pueden adoptar medidas disciplinarias si un funcionario acepta un trabajo que plantea conflictos de interés.
El Ejecutivo comunitario debe responder a la petición de la Defensora del Pueblo de aquí al 31 de diciembre.
