Economía/Macro.-El Gobierno planteará la reforma de la financiación local de forma "paralela y coherente" a la de CC.AA.

El PP califica de "insostenible" la situación económica de los ayuntamientos y dice que la "crisis" está "destrozando" su situación

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, reconoció hoy la importancia de reformar el sistema de financiación local para atender los servicios que son "efectivamente" prestados por los ayuntamientos y que garantice su suficiencia financiera. Según señaló, esta reforma se abordará de forma "paralela y coherente" a la de la financiación autonómica.

En su primera comparecencia en el Congreso, Salgado señaló que el mundo local debe hacer frente a corto y medio plazo a "toda una serie de retos" basados en la asunción de mayor protagonismo institucional y de "mayores competencias y una mayor forma para ejercerlas". Además, reconoció la "ineludible" necesidad de reformar su sistema de financiación para que la entidades locales sean "realmente autónomas y eficientes".

Salgado destacó así la necesidad de alcanzar consensos sobre temas como la consolidación de sus competencias y la reforma de la financiación local. Además, indicó que "un segundo aspecto a consolidar" es la potestad normativa local "para aclarar los tipos de normas que pueden emanar de las entidades locales y su régimen jurídico".

Asimismo, avanzó que el Ejecutivo estudiará normas para "reforzar el control político en el seno de los ayuntamientos y para regular las figuras de los cargos municipales, garantizando la transparencia de su actuación". En este sentido, destacó el consenso logrado en torno a la creación del Pacto contra el Transfuguismo, el mismo que espera que se alcance "para seguir dignificando la vida pública, acabando con la corrupción urbanística en un combate sin cuartel".

La ministra reconoció también la importancia de la negociación de reforma del sistema de financiación autonómica que está abierta y reiteró los "principios esenciales" sobre los que debe elaborarse, como la garantía de nivelación de educación, sanidad y servicios básicos en toda España, aumentar la participación de las comunidades en los impuestos del Estado o favorecer espacios fiscales propios.

"Trabajaremos para alcanzar un acuerdo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera --explicó--. Un acuerdo que garantice la suficiencia financiera, que sea solidario, al mismo tiempo que garantice un mismo nivel de prestación de servicios públicos fundamentales en todos el territorio nacional".

El portavoz del PP en la Comisión de Administraciones Públicas, Rafael Merino, enfatizó que la situación económica de las corporaciones locales es "insostenible" y afirmó que la "crisis" económica que vive España está afectando sobretodo a los ayuntamientos, ya que "sus ingresos están decreciendo de forma drástica y se están destrozando sus maltrechas economías". Por ello, ofreció un diálogo "sincero y constructivo" del PP para la reforma de la financiación local.

DEJACION DE FUNCIONES.

Respecto a la financiación autonómica, el diputado 'popular' recordó que su partido basa el sistema en la multilateralidad y la solidaridad y reclamó a Salgado que "no haga dejación de funciones" y no se deje "invadir competencias" por otros Ministerios. A su juicio, ambas reformas deben transcurrir "paralelas y simultáneas".

Sin embargo, la portavoz del Grupo Mixto, María Olaia Fernández rechazó la posibilidad de vincular ambas financiaciones, aunque reconoció la situación de "raquitismo" de las entidades locales. Fernández manifestó su preocupación porque las políticas municipales sean "utilizadas" por el Estado "para competir con el gobierno autónomo". El diputado de ERC Francesc Canet también se preguntó si el Estado utilizará esta vía para "recuperar competencias".

En el mismo sentido, el diputado de CiU Jordi Jané preguntó si en la reforma del modelo de financiación autonómica se va a respetar lo establecido en los estatutos de autonomía y exigió que se cumpla con el principio de bilateralidad reflejado en el texto catalán.

Jané y la representante del Grupo Mixto manifestaron también su preocupación por el anuncio realizado por la ministra de reforzar el papel de los delegados y subdelegados del Gobierno y el diputado nacionalista catalán preguntó si el Ejecutivo pretende "resucitar a los gobernadores civiles". "Advierto un efecto cangrejo en su comparecencia --indicó Jané--. Se ha ido muy adelante y hay que dar pasos atrás reforzando la presencia territorial del Estado y los subdelegados del Gobierno".

A este respecto, Salgado subrayó que no hay ningún motivo "para alarmarse ni preocuparse" y explicó que el Estado no pretende recuperar ninguna competencia ya transferida a las comunidades autónomas, sino que el Delegado del Gobierno se convierta en "la voz única" del Gobierno y el representante del Estado en el territorio. "No tenemos ninguna intención de recuperar ninguna competencia sino de ejercer las que se tienen de la mejor manera posible", argumentó tras indicar que su propósito es "que objetivos que antes estaban dispersos sean mejor coordinados por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno".

LENGUAS OFICIALES.

Respecto a las lenguas, Salgado subrayó la intención del Gobierno de normalizar el "bilingüismo" en la sociedad y a no permitir la discriminación de ninguna de las lenguas oficiales, "de forma que los ciudadanos tengan realmente garantizado su derecho a elegir la lengua en la que desean manifestarse".

Sin embargo, el diputado 'popular' acusó al Ejecutivo no de cumplir con el principio de igualdad entre los cargos públicos, ya que, según criticó, todos los ciudadanos no tienen la misma oportunidad para acceder a las administraciones de las comunidades en las que existe lengua cooficial.

Este argumento fue rechazado por el diputado de CiU, quien reivindicó el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la administración en cualquiera de las lenguas oficiales en el territorio. También reclamó a los 'populares' "mayor sensibilidad" el representante del PNV, Emilio Olabarría.

La ministra insistió en que el Gobierno parte de la consideración de que los ciudadanos tienen el derecho de ser atendidos en la lengua que elijan y recordó que los trabajadores públicos "están al servicio de los ciudadanos", por lo que si no conocen una de las lenguas oficiales de un territorio "se debe trabajar para que así sea en el menor tiempo posible".

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