La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, será la encargada de presentar, este mediodía, el informe anual de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora), una reforma con la que el Ejecutivo prevé ahorrar 37.700 millones de euros -incluyendo los 8.000 millones de la reforma local-.
Desde distintos ámbitos del Gobierno se ha venido asegurando que será posible cumplir los plazos previstos, de forma que su aplicación se haya hecho efectiva por completo a finales de 2015. Sin embargo, algunas cifras hacen dudar sobre la viabilidad de ese calendario.
14% de inmuebles vendidos
El ejemplo más claro lo tenemos en la enajenación de inmuebles. De acuerdo con los últimos datos disponibles, de los 15.000 edificios públicos que el Ejecutivo pretendía vender entre 2013 y 2015, a finales de abril solo había colocado 2.134 inmuebles. Es decir que, transcurrida la mitad del plazo previsto, apenas se habían vendido un 14 por ciento del total de edificios. Habrá que ver, hoy, en qué medida han mejorado esas cifras.
Al mismo tiempo, hasta el pasado 31 de mayo, se habían ultimado 77 medidas de las 222 contenidas en el conjunto de la reforma, lo que equivale al 34 por ciento de las mismas. Al margen de la eliminación de organismos y empresas públicas o de su fusión, el Consejo de Ministros aprobó en febrero la centralización de todos los contratos públicos, iniciativa de la que también tendrá que rendir cuentas Sáenz de Santamaría y con la que el Ejecutivo espera gastar 9 millones de euros menos en una fase inicial.
El objetivo es reducir de forma exponencial los contratos de la Administración General del Estado (AGE) y que comunidades autónomas y ayuntamientos se sumen, en la medida de lo posible a este recorte. Entre otros, estaba prevista la centralización de los contratos de combustible de automoción, compra de motos, energía eléctrica, comunicaciones, de publicidad institucional e, incluso, las cuentas de Tesorería de la AGE. Solo esta última iniciativa serviría para ahorrar 378 millones en tres años.
Entre las últimas cifras oficiales se incluía, igualmente, el adelgazamiento del sector público en términos de empleo. Según el Gobierno, esto se ha traducido en un recorte del 16,5 por ciento de los puestos de trabajo, con una reducción de 552.305 en los dos últimos años.
Por otra parte, el Estado ha disminuido su parque móvil de 926 a 652 vehículos y el número de conductores habría pasado, asímismo, de 1.002 a 836. La suma de ambos conceptos habría repercutido en un ahorro para las arcas públicas de 10,8 millones de euros.
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¿Por qué no avanza la reforma?