Ambos aspiran a conservar la moneda en curso, pese al rechazo de Londres, Madrid y Bruselas.
El azar ha querido que dos de los procesos secesionistas más candentes en la historia de la Unión Europea compartiesen esta semana hitos cruciales para su futuro. Mientras Escocia apuraba los últimos coletazos de un referéndum más abierto que nunca, las calles de Cataluña reunían a cientos de miles de personas que reclamaban su derecho a la consulta planeada por la Generalitat. Sus trayectorias, de hecho, aparecen interconectadas desde el principio del siglo XVIII, cuando la retirada de los poderes de Cataluña impuesta por Felipe V tras la Guerra de Sucesión se producía poco después de que los nobles escoceses hubiesen firmado el Tratado de la Unión con Inglaterra.
Desde entonces, los dos han experimentado avances y retrocesos en sus ambiciones soberanistas y las tangentes entre ambos se van hasta nuestros días. Tan sólo una jornada después de que los escoceses hayan decidido si continúan en el Reino Unido del que han formado parte desde 1707, el Parlament prevé aprobar la Ley de Consultas para autorizar la del 9 de noviembre. La propia Generalitat ha reconocido que un sí en el referéndum escocés del 18 de septiembre sería positivo para sus intereses, puesto que sentaría un precedente en la Unión Europea con potencial para normalizar las aspiraciones separatistas de las naciones que reclaman la vía soberanista.
En este sentido, elementos clave del debate escocés pueden ser fácilmente aplicables al catalán, desde los efectos de la separación para la tarta fiscal de los Estados a los que por ahora pertenecen, hasta el impacto para la actividad empresarial, con especial peso para el sector financiero en el caso británico; sus respectivas vocaciones europeístas, materializadas en su intención de continuar en la Unión Europea (UE); y un profundo sentimiento de identidad nacional.
Hasta hace poco, los recorridos convergentes de Escocia y Cataluña ponían a ésta última de modelo para la primera. Frente a un proceso de devolución que Edimburgo no abrió hasta 1997, los sucesivos Gobiernos catalanes desde la Transición atesoraban competencias que el Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) sólo podía envidiar. El Estatuto de Autonomía ha garantizado un relativamente amplio autogobierno en áreas como educación, sanidad, seguridad, justicia, o comercio; frente a los poderes más limitados que un Estado centralizado como el británico ha otorgado a Edimburgo. Pero las tornas viraron en 2012, después de que la mayoría absoluta del SNP un año antes hiciese que David Cameron, tory unionista convencido, dé la palabra a los escoceses, ya que el principio objetivo político del Gobierno de Alex Salmond era la independencia.
Problemas fiscales
El riesgo parecía menor, puesto que, tradicionalmente, el apoyo nunca había superado el 35 por ciento. Es más, el peso de Escocia en la economía de Reino Unido, un 7,7 por ciento, es inferior al porcentaje poblacional, de un 8,3 , y notablemente menor al 18,8 que Cataluña representa para el PIB español, una diferencia que evidencia la importancia de la producción catalana para el resto del Estado español.
La contribución fiscal tampoco es la misma. Barcelona abona a Madrid un 19 por ciento de los ingresos fiscales españoles, mientras que Edimburgo contribuye a Londres con el 8,2 por ciento. Sin embargo, ambos coinciden en los niveles de déficit fiscal. Cataluña asegura que aporta al Estado entre un 5 y un 8 por ciento anual más de lo que luego recibe a la hora de repartir. Es el famoso argumento de "España nos roba".
Por su parte, el déficit fiscal escocés es del 14 por ciento frente al del 7,4 por ciento que declara Londres antes de contabilizar los recursos que generan las explotaciones petrolíferas del Mar del Norte. Si esos recursos se repartieran en función del volumen de población, tal y como piden los independentistas, el déficit escocés se reduciría al 8,3 por ciento, (entre un 5 y un 6 por ciento inferior) más en línea con la media del resto del Reino Unido.
Empresas y bancos
El auge del sí registrado en las últimas semanas en Escocia ha polarizado la discusión sobre el pragmatismo económico de la ruptura y un sector privado hasta hace poco relativamente neutral ha decidido intervenir. La corriente general aparece a favor del statu quo, especialmente por parte de gigantes energéticos, claves en la explotación del Mar del Norte; del comercio y del sector financiero. Este último se ha mostrado como el más inquieto y nombres tan vinculados a Escocia como RBS, o Bank of Scotland (parte de Lloyds), dos entidades parcialmente en manos del Gobierno británico, han confirmado planes para trasladar su sede a Londres en caso de victoria del sí.
Su posicionamiento ha generado un efecto contagio con serias consecuencias para Escocia: aunque la industria financiera constituye un 7,1 por ciento de su PIB, frente al 9 por ciento del resto de Reino Unido, los bancos escoceses tienen 466.000 millones de libras en depósitos, casi un cuarto del total de la banca británica, 1,7 billones de libras, pero de esta partida sólo 46.000 millones corresponde a clientes escoceses.
En Cataluña, de acuerdo con un informe de PWC, un 67,4 por ciento de los empresarios han detectado un efecto negativo, o muy negativo, en las relaciones económicas y empresariales con el resto de España como consecuencia del debate soberanista. El impacto, sin embargo, no ha llegado a sus cuentas de resultados, ni a las inversiones externas, por lo que estaría por ver la posición real en caso de confirmarse una consulta.
Exportación y moneda
En términos de la actividad comercial al exterior, la salida de Escocia haría un daño menor a la economía británica, ya que las exportaciones suponen un 6,3 por ciento, frente al 26 por ciento que representan las de Cataluña para el resto de España.
El problema para ambos casos es que las incertidumbres van más allá de las promesas de los líderes y afectan a áreas tan fundamentales como la moneda de un potencial nuevo país. Alex Salmond ha prometido una unión monetaria con la libra que es rechazada de plano por Londres. Por su parte, Artur Mas aspira a continuar con un euro al que muy difícilmente tendría acceso, al ver bloqueada su entrada en Europa.
Ambas son divisas de intercambio internacional, por lo que aunque no se les prohibiría emplearlas, el precio es elevado: sin una unión formal y, en consecuencia, sin banco central independiente que los avale, sus aspiraciones de entrar en la UE quedarían anuladas, de acuerdo a la normativa comunitaria, según ha subrayado el vicepresidente del Parlamento y ex comisario económico, Olli Rhen. Además, de acuerdo con la exposición del gobernador del Banco de Inglaterra en relación a Escocia, este supuesto obligaría a Edimburgo y Barcelona a acumular reservas financieras de miles de millones.
La hidra independentista