Economía

Los Técnicos de Hacienda acusan a Montoro de pasividad ante el delito fiscal

Las denuncias enviadas a la Fiscalía caen un 36%
Recuerda que algunos condenados son luego indultados

10/09/2014 - 19:45

Las denuncias presentadas al Ministerio Fiscal por delito contra la Hacienda Pública se desplomaron un 35,7% en 2012, último año del que aporta datos la Agencia Tributaria (AEAT), al pasar de 1.014 expedientes a 652, según advierten los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en un comunicado.

Así, los técnicos subrayan que estas cifras "confirman la pasividad de Hacienda ante este tipo de delitos" y atribuyen el desplome a la resolución interna de la AEAT sobre las competencias y funciones en el área de Inspección.

Tal y como denuncian, esta resolución "impide a los técnicos de Hacienda ultimar expedientes en los supuestos de especial dificultad sobrevenida", es decir, simulación, conflicto, fraude de ley o delito fiscal, lo que provoca que las denuncias no siempre acaben en condenas penales.

Además, Gestha muestra "claras reservas" sobre los datos facilitados por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre las condenas por delito contra la Administración y Hacienda, puesto que, pese a que el número de condenas aumentó en los últimos dos años y medio, se ha producio un estancamiento de las denuncias y su importe en los diez últimos años (a una media de 750 denuncias).

Se estanca el importe

Por el contrario, los técnicos asegura que "lo normal sería un incremento, debido a un amuento de la economía sumergida y el fraude en los últimos años, hasta situarse en el 24,6% del PIB", según sus propios datos.

En cualquier caso, Gestha afirma que las denuncias de los delitos fiscales no siempre acaban en condenas penales y además apunta que una parte de los condenados han sido indultados por los sucesivos gobiernos de la democracia.

Por tanto, Gestha considera "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado (IGAE) a corto y medio plazo se centren en combatir el fraude fiscal y blanqueo de capitales, así como en controlar el gasto público y las subvenciones a través de la autorización a los 8.000 técnicos para que asuman mayores responsabilidades en su efectiva aplicación.