En plena crisis económica, el ambiente laboral en Grecia sigue atrapado en condiciones de precariedad e incertidumbre. Aparte del creciente desempleo, cuyas cifras baten récords históricos, otro punto clave que demuestra sin lugar a dudas lo negro de la situación son los datos del empleo no declarado.
El trabajo en negro galopa en el país heleno: un millón de personas trabajan actualmente en Grecia sin documentación laboral, tanto nativos como extranjeros, personas que trabajan como empleados asalariados pero sin Seguridad Social, o que trabajan por cuenta propia a jornada completa (autónomos), pero se declaran por sus empleadores como trabajadores a jornada parcial.
Junto a la evasión de impuestos, las crecientes dimensiones del trabajo sin documentación laboral supone una auténtica maldición para las cuentas estatales.
Las condiciones de trabajo medievales que reinan en el mercado laboral en Grecia se confirman por los últimos datos que publica el Instituto de Trabajo y de la Confederación General de Trabajadores de Grecia. De acuerdo con estas cifras, una de cada cinco personas que trabajan hoy en Grecia no está registrada en la Seguridad Social, un hecho que según indican datos complementarios del Ministerio de Trabajo, es el caso de unas 500.000 personas.
300.000 falsos autónomos
El trabajo sin seguro tiene un enorme impacto económico y social, debido a las pérdidas de ingresos procedentes de los impuestos y las contribuciones a la seguridad social. Con este número de trabajadores sin asegurar, el Estado griego pierde 3.000 millones anualmente, mientras que los fondos de pensiones pierden alrededor de otros 350 millones más, por cotizaciones que no se contribuyen.
Otras 300.000 personas trabajan en condiciones seudolibres. Se trata de empleados en empresas privadas con condiciones laborales que se imponen por el empleador (como es el horario, el salario o la indemnización en caso de despido), pero que oficialmente se presentan como autónomos. Prácticamente eso significa que mientras todo su ambiente laboral es igual que el de una persona contratada, no tienen derecho a vacaciones, pagas extra o indemnización. Y, por si esto fuera poco, son única y exclusivamente ellos los que cotizan en la Seguridad Social, dado que oficialmente son autónomos.
Por otro lado, otros 200.000 trabajadores ofrecen sus servicios laborales a jornada completa, pero se registran como empleados a jornada parcial, lo que supone una menor cotización. En suma, se producen pérdidas significativas para los fondos de pensiones.
En resumen, las pérdidas para los fondos de pensiones (principalmente el IKA y el OAEE, que es el fondo de los autónomos) debidas al problema de los trabajadores no registrados y las condiciones laborales flexibles se estiman en unos 6.000 millones de euros en base anual, una cantidad que asciende a los 8.500 millones si se le añade la evasión de impuestos, mientras que se calcula que superará los 9.000 millones de euros en 2019.
Donde el trabajo negro realmente triunfa en la Grecia de 2014 es el sector turístico, la industria pesada de la economía del país heleno. Uno de cada tres trabajadores en turismo en Grecia no cuentan con Seguridad Social y no tienen acceso a la asistencia sanitaria, de acuerdo con los datos oficiales de la Federación Nacional de Trabajadores y Empleados en Alimentación y Profesiones de Turismo.
En términos geográficos, el problema culmina en regiones especialmente turísticas, como las islas Cícladas (y concretamente en Míkonos y Santorini), en Creta, Tesalónica, Eubea, Acaya y Épirus.
Un buen ejemplo es el de los empleados en los hoteles: de los 120.000 trabajadores registrados, sólo la mitad cobra lo establecido por el convenio sectorial, mientras que al resto les corresponde el salario mínimo general (510, 95 euros).
El Gobierno griego se enfrenta al trabajo no declarado con el programa Ártemis, que es el primer esfuerzo coherente y organizado hacia esta dirección y se basa en inspecciones sistemáticas y estrictas sanciones en los casos detectados.
Las auditorías específicas se realizan de manera conjunta por parte de equipos técnicos de la organización estatal Inspección Laboral y del fondo de pensiones IKA, el mayor fondo de seguridad del país, y se enfocan hacia los sectores laborales de más alto riesgo, de acuerdo con los datos disponibles en la actualidad: turismo, ocupaciones de alimentación, parques y zonas industriales, gasolineras, hostelería y servicios de seguridad.
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