El consejero de Agricultura de la Generalitat y dirigente de UDC, Josep Maria Pelegrí, salió ayer en defensa de la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, quien sugirió que la consulta podría posponerse si el Estado la vetara.
Ortega hizo esta afirmación en una entrevista radiofónica y fue rápidamente criticada por el resto de fuerzas políticas que apoyan el derecho a decidir. En una réplica directa a las críticas de ERC, Pelegrí recordó a los republicanos que el pacto de estabilidad parlamentaria que firmaron con CiU incluía la posibilidad de prorrogar la consulta "si el contexto socioeconómico o político" lo requiriese.
El dirigente de UDC aprovechó para negar discrepancias dentro del Gobierno catalán sobre la legalidad de la consulta o sobre la hoja de ruta a seguir en caso de una suspensión del Tribunal Constitucional (TC). Pese a la negativa de Pelegrí de admitir discrepancias en CiU, lo cierto es que en la federación se oyen opiniones dispares.
Voces discordantes
Mientras que el consejero de Territorio, Santi Vila, o el propio coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, han manifestado que no deben sacarse las urnas a la calle si la consulta queda impugnada, el coordinador general de CDC, Josep Rull, ha asegurado que la consulta "seguirá viva", aunque el Constitucional la impugne.
Según Rull, la consulta sólo se aplazaría de forma "muy excepcional" si se tuviera el consenso de todos los partidos a favor del derecho a decidir, algo que parece difícil, ya que desde ERC insisten en que la consulta debe realizarse "al margen de lo que diga el TC".
