Apenas un año ha tardado el Gobierno de Mariano Rajoy en tener que ampliar los topes de endeudamiento en los que pueden incurrir las comunidades autónomas, tanto en el presente ejercicio como en el período 2015-2017.
Y lo ha hecho por dos vías: ha elevado el umbral de endeudamiento conjunto que podrán registrar los Gobiernos regionales y, en la mayoría de los casos, ha subido el objetivo asimétrico -individual- de cada comunidad. El tope global de pasivo autonómico se referencia al Producto Interior Bruto (PIB) español.
En concreto, frente a la anterior meta de deuda conjunta del 20% del PIB para 2014 -ese fue el límite impuesto por el Consejo de Ministros del 30 de agosto de 2013-, el Ministerio de Hacienda permite ahora que los Ejecutivos regionales cierren este ejercicio con un pasivo del 21,1% del PIB. Es decir, 1,1 puntos porcentuales más de los inicialmente autorizados, según reflejan los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), publicados por el Ministerio el pasado 31 de julio.
En dinero contante y sonante, ese margen extra de 1,1 puntos porcentuales del PIB nacional este año significa que los presidentes autonómicos tienen el plácet oficial para agrandar su pasivo conjunto en alrededor de 11.000 millones de euros más, dado que cada punto del PIB español equivale aproximadamente a 10.000 millones de euros.
Garantizar las prestaciones
Tal y como expone Hacienda en su página web y detalló el ministro, Cristóbal Montoro, con los nuevos objetivos de deuda pública y las decisiones de flexibilización del FLA, el Estado "garantiza las prestaciones de sanidad, educación y dependencia de las comunidades autónomas". Y es que los seis años de crisis, el estrangulamiento del crédito, la atonía de ingresos tributarios y el repunte del gasto -sobre todo en partidas sociales-, amén de los ajustes que las regiones tienen que hacer para rebajar el déficit cada año, las aboca a acumular deuda.
La ampliación del techo de endeudamiento autonómico, facilitado por el departamento de Cristóbal Montoro, no se reduce a 2014, pues las nuevas metas para el período 2015-2017 incrementan asimismo en un punto porcentual los topes autorizados anteriormente.
En detalle, las comunidades están facultadas ahora para endeudarse conjuntamente hasta el 21,5% del PIB nacional en 2015 (el 20,5% dictó el Gobierno el año pasado), hasta el 21,3% en 2016 (la meta anterior era 20,3%) y hasta el 20,6% en 2017 (los anteriores objetivos no reflejaban ese ejercicio, por lo que no se cifra el alza).
Como es lógico, el hecho de que el Gobierno Central haya dado a las autonomías mayor margen de deuda para estos cuatro años no las obliga a endeudarse más de lo que pensaban. Pero los rigores de la crisis y el imprescindible ajuste presupuestario apuntan en esa dirección.
De hecho, el pasivo público conjunto de los Gobiernos regionales marcó un nuevo récord en el primer trimestre de 2014, tras crecer en 15.229 millones de euros con respecto al cierre de 2013, con lo que la deuda global se disparó hasta el 21,7% del PIB nacional.
En total, las autonomías deben ya 221.997 millones de euros, lo que significa 1,5 puntos porcentuales más que la deuda que acumulaban al finalizar el ejercicio 2013. Y supone, asimismo, que en sólo tres meses han rebasado el techo recién asignado para todo el año (21,1% del PIB español). Es decir, a no ser que adopten nuevas medidas de ajuste, las CCAA tienen prácticamente imposible acabar este año dentro de los límites autorizados por Hacienda a finales de julio.
La principal razón del fuerte repunte del pasivo autonómico en el primer trimestre de 2014 hay que buscarla en la inyección de fondos que el Gobierno les proporcionó a través del Plan de Proveedores -más de 8.000 millones entre enero y marzo-, con lo que la gran mayoría de CCAA volvió a retomar el sobreendeudamiento, tras el ligero freno que algunas de ellas registraron en los meses finales de 2013.
La escalada de la deuda autonómica es imparable desde el inicio de la crisis, como demuestra el dato de que, en seis años, las regiones han amasado 145.735 millones de deuda nueva (14,4 puntos de PIB). Este repunte se debe en parte a las operaciones financieras del Gobierno para respaldar a las CCAA, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y del Plan de Pago a Proveedores. Así las cosas, parece ingenuo suponer que se cumpla la Ley Orgánica 2/2012, que dicta que la deuda de cada autonomía no exceda del 13% del PIB en 2020.
También más déficit en 2016
El último Consejo de Ministros de 2014 antes de la pausa estival también reflejó la concesión a las autonomías de una décima extra de déficit para 2016 -la cifra conjunta podrá alcanzar el -0,3% del PIB-. Un año antes, justo antes de irse de vacaciones en 2013, el Gobierno fijó en -0,2% el objetivo presupuestario para 2016.
El techo de déficit para el ejercicio 2017 sigue establecido en el 0,0% del PIB, lo que obligará a los Gobiernos regionales a ajustarse el cinturón aún más, para que cumplir con el déficit no dispare todavía más su ya de por sí abultado endeudamiento.
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