El pasado viernes 1 de agosto, el Gobierno anunciaba la aprobación de la tan esperada reforma fiscal. Una batería de medidas con las que, según Moncloa, hasta "9.000 millones volverán a los bolsillos de los contribuyentes". Pero alcanzar esta cifra no está solo en manos del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Las CCAA tienen mucho que decir y podrían hacer que el ahorro para el ciudadano, a la hora de la verdad, sea bastante inferior al prometido.
Según afirma hoy el diario El País, el impacto de la rebaja del IRPF planteada por el Gobierno, que ascendería a 6.000 millones según sus cálculos, dependerá de su aplicación por parte de los Ejecutivos autonómicos.
"El coste definitivo de las medidas concernientes al IRPF dependerá de las decisiones que adopten las comunidades autónomas", especifica la memoria económica incluida por el Ministerio de Hacienda y recogida por el rotativo.
La reforma aprobada la pasada semana reduce a cinco el número de tramos desde los siete actuales, dejando el tipo mínimo en el 19% -frente al 24,75% actual- y el tipo marginal en el 45% -frente al máximo del 52%-, si bien la rebaja se hará en dos fases, una en 2015 y otra en 2016, y beneficiará a los 20 millones de contribuyentes de este impuesto.
Además, destacan el incremento hasta los 12.000 euros del mínimo exento de declarar por IRPF y las mejoras para los que tienen rentas inferiores a 24.000 euros, así como para autónomos y pymes, para las familias, para los colectivos más desfavorecidos y para los pequeños ahorradores.
Así, el citado documento explica que influirá en gran medida cómo las comunidades autónomas trasladen la reforma fiscal, "especialmente, en materia de escalas de gravamen y del mínimo personal y familiar".
El tramo autonómico se aplica sobre el 50% de la base liquidable del impuesto sobre la renta, así como con los mínimos, familiar y personal, exentos. El problema es que, según recuerda El País, en 2012 hasta ocho comunidades usaron sus competencias para aumentar los tipos de forma general. En cuanto al tipo mínimo, todas las CCAA tendrían que rebajarlo en al menos dos puntos porcentuales para alcanzar el 19% establecido en la reforma fiscal de Cristóbal Montoro.
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