El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las comunidades autónomas van a debatir este jueves, 31 de julio, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), diversas medidas que afectan a la sanidad como, por ejemplo, el copago por asistencia en las consultas médicas o el pago por las recetas.
Se trata de unas propuestas que, tal y como ha asegurado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han sido planteadas por las comunidades y no por el Ejecutivo. De hecho, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya ha descartado que se vaya a implantar cualquier fórmula de copago sanitario al haber logrado una "estabilidad" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Pese a ello, este jueves los consejeros autonómicos y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, van a tener encima de la mesa propuestas como el copago por la falta de asistencia a citas programas, el de asistencia a consulta médica y de Urgencias, el de prestaciones ortoprotésicas y el copago por interrupciones del embarazo y fecundaciones 'in vitro'.
Además, van a debatir la posibilidad de establecer una cuantía mínima por expedición de recetas a los pacientes, diferenciando entre pensionistas y trabajadores activos y teniendo en cuenta a los enfermos crónicos; así como la posible desgravación fiscal para ciudadanos con seguro médico privado.
La Generalitat de Cataluña inició la semana pasada una ronda de contactos entre las comunidades autónomas españolas para lograr apoyos a su propuesta de implantar el pago en las urgencias hospitalarias. Según fuentes solventes, la administración catalana tenía muy avanzado un proyecto que contemplaba el pago de entre 15 y 25 euros a todos los usuarios que acudan a las urgencia hospitalarias.
Revisión profunda
Según el documento del orden del día, en el CPFF se van a comentar también alternativas de cómo controlar el número de prescripciones por pacientes, la revisión de la cartera de servicios, la regulación de los turnos médicos y centralización de las guardias, o la posibilidad de establecer una regulación "más clara" para la atención sanitaria a la población inmigrante.
Otras medidas van a ser el alquiler de instalaciones al sector privado, el cobro de aparcamientos en los hospitales, el establecimiento de tasas hosteleras en los centros médicos o la compensación económica específica a las autonomías por el incremento del IVA sanitario.
Cataluña quiere cobrar por ir a urgencias
