Las negociaciones entre el Gobierno de Argentina y los fondos de inversión que reclaman el pago de la deuda en mora desde 2001 siguen en "punto muerto" después de la reunión de hoy, según informó el mediador en el litigio, cuando quedan cinco días para la fecha límite para no caer en el cese de pagos técnico.
Según el abogado especialista Daniel Pollack, nombrado por el juez del caso, Thomas Griesa, para alcanzar un acuerdo entre las partes, en la reunión de hoy "no se ha alcanzado solución al punto muerto" y la delegación argentina partirá esta noche hacia Buenos Aires para recibir nuevas instrucciones.
Tras dejar el despacho de Pollack, el Gobierno de Buenos Aires emitió un comunicado explicando que en la reunión "se profundizó sobre los diferentes aspectos del litigio y las diversas alternativas que se presentan".
También reiteró "su vocación de avanzar hacia una solución en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas".
El encuentro de hoy, considerado "de seguimiento" por Pollack, duró poco más de una hora y estuvo precedido de otro celebrado este jueves, de tres horas, en el que Argentina rechazó la posibilidad planteada por el mediador de reunirse cara a cara con los tenedores de bonos que no se acogieron a las reestructuraciones de deuda.
A 30 días del límite
El comunicado oficial del Gobierno de Argentina aseguró que "el proceso de diálogo entablado con el mediador continuará en los próximos días" y Pollack también dio por seguro que "habrá más comunicación con las partes antes de la fecha del cese de pagos (30 de julio)".
El 30 de julio es el día en el que vencen los 30 días de gracia de los que Argentina dispone para hacer un pago parcial a los tenedores de bonos de deuda que sí aceptaron una reestructuración de los títulos.
Argentina defiende que el cese de pagos no es una terminología correcta, pues el país cumplió con su parte al efectuar un pago de 1.031 millones de dólares, pero una buena parte del cual fue congelado en los bancos por recomendación del juez Griesa.
El magistrado falló a favor de los querellantes e impuso a Argentina un pago de 1.500 millones de dólares en bonos de deuda bajo la cláusula "pari passu", que estipula que el pago deberá ser simultáneo a bonistas con o sin quitas o, en su defecto, dé prioridad a los fondos especulativos que no han aceptado los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Es por eso que frenó el pago y habló de "desacato" en el caso en el que el dinero llegara a ser cobrado por los acreedores.
Imprudencia para los acreedores
