Si algo ha puesto de relieve la publicación de las balanzas fiscales, o de las cuentas públicas territorializadas como gustan de decir ahora en Hacienda, es la necesidad de acabar con un sistema de financiación territorial esencialmente injusto y con las secuelas de un error histórico, como es el mantenimiento de un sistema tan anacrónico y discriminatorio, como es el de los regímenes fiscales del País Vasco y Navarra.
Unos privilegios heredados del siglo XIX, que confieren a las diputaciones de las tres provincias vascas y la de Navarra autonomía plena para recaudar y gestionar sus impuestos, incluyendo también la capacidad normativa para modificarlos a su conveniencia, con el único límite del marcado por la normativa comunitaria.
Una prerrogativa que bordea peligrosamente el precepto de igualdad de todos los españoles recogido en la Constitución, y que los últimos estudios realizados demuestran que está suponiendo una pérdida de recaudación de 7.000 millones de euros anuales a las arcas del Estado. Cantidad que habría servido para minorar sensiblemente los ajustes y recortes del Estado de Bienestar aplicados por el Gabinete de Rajoy y que supone una quiebra del principio de solidaridad interterritorial.
Cierto es que el mantenimiento del cupo vasco y del concierto navarro fue uno de los peajes que el Gobierno de la UCD y los padres de nuestra Carta Magna tuvieron que pagar durante la Transición para consolidar el sistema de libertades y la unidad territorial. Pero, ahora que la mayoría de los partidos políticos, incluidos muchos altos cargos del Partido Popular, están proponiendo una reforma constitucional, con el clima favorable de la mayoría de la opinión pública y también de la publicada, parece el momento propicio para acabar con este error histórico, necesario en su momento, pero superado hoy por la justicia económica y, sobre todo, por la modernidad.
Y, aquí puede haber ya un primer punto de encuentro entre Rajoy y Pedro Sánchez en la entrevista que ambos mantendrán el lunes 28. Recordar que el primero en pedir la derogación los regímenes forales fue el anterior primer secretario del PSC, Pere Navarro.
Necesario rediseño
Y ya puestos, el ministro Montoro debería aplicarse en diseñar una reforma del sistema de financiación autonómica, calificado de "muy malo" por el profesor Ángel de la Fuente. Y, además, debe de hacerlo con urgencia, para cumplir lo prometido y por varias razones esenciales: Primero, por que los datos de esas cuentas territorializadas demuestran que el sistema de financiación actual no respeta la igualdad entre todas las regiones. Segundo para no dar más argumentos a Artur Mas y los nacionalistas catalanes, puesto que Cataluña es hoy, después de Madrid, la comunidad más damnificada. Y tercero, para corregir el maltrato y la infrafinanciación de Madrid y de Valencia, dos de los bastiones electorales del PP, y dos de los territorios que, junto a Extremadura, encabezan la rebelión de los barones contra la política fiscal de Rajoy y de Montoro y con unas elecciones autonómicas a la vista.
Señores del Gobierno, si no son capaces de hacerlo por justicia y por sentido del Estado, háganlo al menos por interés de partido y egoísmo. Si el resultado beneficia a todos, qué mas da el motivo.
¿Qué CCAA tiene el mayor déficit fiscal?
