No salen las cuentas. Según el balance del sistema de financiación autonómica de 2012 que ayer publicó el Ministerio de Hacienda, el Estado debe inyectar en las arcas autonómicas 3.771 millones de euros, es decir, 472 millones menos a lo inicialmente presupuestado hace dos años.
En medio del revuelo en torno a la financiación autonómica, el baile de cifras sacó de sus casillas a algunos de los ejecutivos autonómicos. A juicio del consejero canario de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, estos cálculos "demuestran, una vez más, el escaso rigor con el que el Estado elabora sus previsiones, circunstancia que pone en duda las estimaciones de las entregas a cuenta del sistema anunciadas para 2014".
Un paso más dio el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, quien pidió ayer al Ejecutivo central que arbitrara "medidas para retrasar el impacto de 79 millones menos en su presupuesto que ponen en peligro la sanidad o la educación". Y es que uno de los problema de estos pagos a cuenta es precisamente que responden a una estimación que hace el gobierno a dos años vista y sobre la cual trabajan las CCAA para presupuestar sus servicios.
Según fuentes próximas a Hacienda, sin embargo, "las estimaciones por definición no son un 100% exactas y esta desviación tan solo responde a una menor recaudación de tributos".
Pero la tensión entre las autonomías crece al tiempo que lo hace la escasez de los recursos. De hecho, según confirmó también ayer Hacienda, de este montante las comunidades ya se habrían gastado una buena parte del pastel en adelantos de tesorería. De esta manera, la deuda pendiente de abonar por el Estado asciende a 1.691 millones.
La liquidación, en todo caso, arroja un saldo positivo en todos los rincones del mapa aunque, con diferencia, la Comunidad Valenciana, con 955 millones, y Cataluña, con 646 millones son las que recibirán un mayor desembolso. Unas cantidades muy superiores a las que reciben por ejemplo La Rioja -12 millones- , Cantabria -28 millones- o Castilla-La Mancha con -66 millones-. Esta es precisamente una de las críticas que también ayer apuntó Andalucía. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, José Sánchez Maldonado, tildó ayer de"intolerable" que la financiación actual varíe en más de 35% de unas comunidades a otras.
El cuadro de Hacienda revela que la mayoría del montante que el Gobierno destina a las autonomías responde al fondo de convergencia autonómica, esto es, una parte de los ingresos que el estado dedica a hacer los presupuestos más equitativos y que es el que salva a este sistema del déficit. En concreto, según esta liquidación de 2012, este capítulo se elevó a 3.926 millones de euros. Además de este fondo, también aporta una parte importante de este cheque el IVA -1.860 millones- y los impuestos especiales -143 millones-.
El gran agujero de los autonomía sigue siendo el rendimiento de la tarifa autonómica del IRPF que ascendió, según esta liquidación del año 2012, a 580 millones. En concreto, todas las CCAA deberán devolver por este concepto menos Madrid, que recibirá 131,5 millones y Baleares, que ingresará algo más de 615.000 euros.
Origen de conflictos
Este balance supone el origen de muchos de los conflictos entre las autonomías. En este sentido, la Generalitat de Catalunya criticó ayer en un comunicado que con la liquidación del modelo de financiación de 2012 es la tercera autonomía en recursos aportados pero la décima en recursos recibidos. Una posición que confirma, según explica el texto, la tendencia de los años 2010 y 2011, cuando Cataluña cayó de tercera a décima posición en recursos recibidos; solo se situó por encima de la media el primer año de aplicación del modelo, en 2009.
Una discusión que parece que también está haciendo mella en las autonomías populares que también se han sumado estos últimos días a demandar un cambio en el sistema de financiación aunque, eso sí, siguen sin apostar por convocar una reunión de presidentes para hablar de este tema como exigen Andalucía, Canarias y Asturias. Un debate para el que, en todo caso, parece que habrá que esperar al menos hasta después de las elecciones de 2015. Así lo vaticinó esta semana la presidenta aragonesa, Luisa Fenández Rudi, quien admitió que "no es el mejor momento par abordar la cuestión".
Chalaneo inmoral del Estado y las CCAA
