El Ministerio de Hacienda estudia actualmente varias fórmulas para flexibilizar la propuesta de establecer un tope de 2.000 euros brutos anuales a partir del cual habrá que tributar en las indemnizaciones por despido improcedente. Se trataría de buscar una alternativa válida para no tener que elevar necesariamente ese margen -que afecta a todos los salarios brutos por encima de los 20.000 euros anuales-.
A las numerosas críticas que la medida se ha granjeado, dentro y fuera del PP, se suman las advertencias de servicios de estudios y economistas que inciden en que, en la práctica, esta medida supone un abaratamiento del despido que podría dejar sin un colchón básico a un grupo importante de población.
Pese a que el asunto aún está formando parte de las conversaciones entre el Ministerio y los agentes sociales, en el Departamento que encabeza Cristóbal Montoro inciden en que están abiertos a escuchar, pero que en ningún caso van a eliminar, del anteproyecto de ley de reforma fiscal la propuesta de endurecer la tributación de las indemnizaciones por despido -aseguran, eso sí, que la opción final será más moderada-.
Sin embargo y, en contra de lo que pudiera parecer en un principio, y tal y como confirman varias fuentes dentro del Gobierno, la idea de endurecer el gravamen sobre estas compensaciones no salió del Ministerio deHacienda, sino que partió del Ministerio de Empleo, quien exigió que se incluyese en la futura reforma fiscal.
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El Gobierno recibe presiones sobre el límite exento
