Economía.- El Gobierno agiliza el proceso para abrir nuevas superficies comerciales

La comunidad autónoma o el ayuntamiento tramitarán de forma conjunta la solicitud en una ventanilla única

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministro ha modificado la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LORCOMIN) para agilizar la implantación de nuevas superficies comerciales en nuestro país, que serán también de aplicación en los casos de traslado o ampliación de superficies.

En concreto, se limitan los supuestos de exigibilidad de licencia, se establece un procedimiento integrado y se reduce a la mitad el plazo.

Así la implantación de establecimientos comerciales sólo se podrá someter a una única autorización que se concederá por tiempo indefinido cuando concurran razones imperiosas de interés general (se contempla exclusivamente el caso de que las instalaciones o infraestructuras físicas sean susceptibles de generar daños en el medio ambiente, el entorno urbano y el patrimonio histórico artístico).

En el procedimiento de concesión no podrán utilizarse requisitos de carácter económico, entre otros aquellos que limiten la libertad de establecimiento a la acreditación de la existencia de demanda efectiva, por lo que se eliminan restricciones injustificadas por la defensa de modelos empresariales determinados en detrimento de otros y la intervención de los competidores en los procesos de autorización.

El Gobierno profundiza en las medidas para la simplificación y racionalización administrativas, consagrando el procedimiento integrado para la autorización comercial mediante la inclusión de todas las actuaciones en un único procedimiento. Esto es, bien la comunidad autónoma o bien el Ayuntamiento tramitarán de forma conjunta la solicitud de implantación de la superficie comercial, por lo que el operador acudirá a una ventanilla única. Actualmente tienen que acudir por separado a cada una de ellas.

También se reduce el plazo para la resolución de estos procedimientos de seis a tres meses. Ya existen CC.AA. con procedimientos abreviados (plazo máximo de un mes en determinados procedimientos) o donde los procedimientos se sujetan a un régimen de comunicación previa o declaración responsable, e incluso se han eliminado todo tipo de intervenciones previas, incluidas licencias municipales.

El Gobierno asegura que esto demuestra que es posible simplificar y reducir los procedimientos eliminando trámites superfluos sin menoscabo de las garantías que en materia de medioambiente y urbanismo deban preservarse.

Además esta simplificación es acorde con los informes y mandatos de organismos internacionales como la OCDE, FMI o la propia Comisión Europea, que subrayan la necesidad de reducir las cargas administrativas existentes para la apertura y puesta en marcha de nuevos establecimientos que se traducen en costes importantes de tiempo y dinero para los prestadores que quieren acceder al mercado.

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