El Ministerio de Hacienda estaría dispuesto como mínimo a duplicar el límite exento de tributación de las indemnizaciones por despido que estableció en el anteproyecto de ley de reforma fiscal, así lo confirman a elEconomista fuentes conocedoras de las conversaciones que el departamento que dirige Cristóbal Montoro mantiene con los agentes sociales.
En el periodo de consulta pública en el que se encuentra el texto, Hacienda está recibiendo presiones de varios frentes, incluido el político y en las filas de su propio partido, para que el tope incluido en la reforma -los 2.000 euros por año trabajado en los despidos improcedentes- se eleve, al menos a 4.000 euros.
Al fijar esa línea roja en 2.000 euros, se estarían viendo afectados los sueldos brutos anuales desde 20.000 euros. Si finalmente se sitúa en 4.000, los damnificados por la medida serían quienes cobrasen más de 40.000 euros brutos al año.
Las indemnizaciones por despido ya estaban gravadas previamente. Antes de aprobarse la última reforma laboral, tributaban las cantidades que los trabajadores percibieran a partir de los 45 días por año trabajado. Para los contratos firmados a partir de febrero de 2012, esa frontera se fijó en las indemnizaciones cuya cuantía superase los 33 días por año.
Desde numerosos ámbitos, incluido por ejemplo el de los propios inspectores, se entiende que la medida que Hacienda pone sobre la mesa castigaría injustamente a contribuyentes con sueldos bajos -especialmente a los de más edad- que se verían privados de parte de ese colchón al quedarse sin trabajo.
En opinión de Ransés Pérez-Boga, secretario General de la organización Profesional de Inspectores de Hacienda la medida no sería descabellada si se incrementase esa cantidad, al menos, hasta los 40.000 euros -principalmente teniendo en cuenta la situación por la que atraviesan las cuentas públicas y el hecho de que "todos tenemos que aportar" en el necesario esfuerzo de consolidación fiscal-. Sin embargo, incide en que un tope de 20.000 euros es demasiado bajo, teniendo en cuenta cuál es la capacidad económica del parado. De hecho, y ahondando en esta idea, recuerda que existen estudios, según los cuales, en España los desempleados tardan de media diez meses en encontrar un puesto de trabajo. Además, la nueva legislación establece una reducción de la prestación que se tiene derecho a cobrar a partir del sexto mes.
Desde el Ministerio de Hacienda ni confirman ni desmienten que vayan a elevar el límite en las indemnizaciones al menos hasta el doble del fijado en el anteproyecto de reforma. Defienden que tal cual está contemplada la medida, un 80 por ciento de las indemnizaciones estarían exentas de tributación -de acuerdo con los últimos datos disponibles de 2012-, que están abiertos al diálogo y que el objetivo principal de esta propuesta es acabar con los abusos que están produciéndose en este ámbito y establecer una cierta progresividad.
Dispuestos a escuchar
En este sentido, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, destacó ayer en un acto con los medios de comunicación que el motivo de esta propuesta atiende a principios de "neutralidad" y "justicia" fiscal. Ferre destacó, además, que el proceso de consulta pública, al que está sometido en estos momentos el texto, se abrió "para que la sociedad pueda opinar" sobre el mismo, en tanto que la medida a un importante número de contribuyentes.
Es por ello que el Gobierno se muestra dispuesto a escuchar lo que los agentes sociales quieran proponerle en este ámbito, aunque con límites, ya que llegar al extremo de abandonar completamente esa medida no parece encontrarse entre los escenarios posibles que maneja Hacienda.
Del mismo modo, y en el ámbito de una sesión informativa sobre la reforma fiscal organizada por la escuela de negocios Esade, el subdirector general de IRPF del Ministerio, Manuel de Miguel, subrayó que la propuesta del Ejecutivo es "un punto de partida", de forma que no es posible saber "cómo va a evolucionar" y "habrá que ver cuál es la foto final". Si bien, recalcó que en ningún caso se empeorará o endurecerá esa medida.
El trámite de consulta pública concluirá el próximo 18 de julio cuando, en principio, el Gobierno tiene previsto aprobar su reforma fiscal en Consejo de Ministros de manera que esté lista para que los ciudadanos noten sus efectos, en lo que a las menores retenciones en nómina se refiere, ya en enero de 2015.
Diálogo hasta julio
Precisamente por ello, Miguel Ferre incidió ayer en que la puesta en marcha de la nueva ley el próximo mes de enero exige que este trámite finalice antes de que acabe el mes de julio.
"Tenemos cierta prisa, pero -los plazos- dependerán del volumen y la complejidad de las observaciones que haga la sociedad", añadió. Los expertos del Ministerio tampoco quieren que se pierda de vista cuál es la situación en los países de nuestro entorno inmediato, donde la exención de tributar a las indemnizaciones por despido, lejos de constituir la norma, es una excepción.
Concretamente, sólo uno de los grandes de la Unión Europea, Francia, libera de todo gravamen a este tipo de remuneraciones.
Justo en el extremo contrario se sitúa Alemania, donde toda indemnización recibe la consideración de rendimiento del trabajo y tiene que tributar como tal en la declaración de IRPF de cada ciudadano a los tipos correspondientes
Todas las claves de la reforma fiscal
